El reciente sismo que sacudió a Panamá dejó al descubierto la vulnerabilidad en la que viven muchas familias rurales. En Soná, Mariato, Tonosí y otras zonas afectadas, el temor a las réplicas se mezcla con la incertidumbre de no saber cómo reconstruir sus hogares, proteger a sus hijos o continuar sus tratamientos médicos. Para quienes ya enfrentan condiciones económicas difíciles, este desastre puede profundizar la pobreza y la desigualdad.

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia. Según la Presidencia de la República, el 10 de octubre de 2026 el balance preliminar registraba unas 2,130 personas afectadas, 426 residencias con daños, 419 centros educativos y 21 instalaciones de salud con afectaciones, y cerca de 27 personas atendidas por lesiones. Debemos preguntarnos cuántas necesidades siguen sin registrarse, especialmente en comunidades rurales de difícil acceso.

Sin datos actualizados sobre las viviendas y las necesidades de cada comunidad, es difícil distribuir los recursos con rapidez y equidad. No basta con evaluar los daños visibles: hay que identificar a las familias que perdieron su hogar, a quienes viven con discapacidad, a los adultos mayores, a los pacientes con tratamientos continuos y a quienes no cuentan con redes de apoyo.

Organizaciones juveniles como VEF Panamá, Jóvenes Unidos por la Educación e Impulsa Impacta se han coordinado con el Cuerpo de Bomberos, el Sinaproc y la Cruz Roja y, al momento de escribir este artículo, han llevado ayuda humanitaria a más de 600 familias. La solidaridad ciudadana es valiosa, pero no sustituye la responsabilidad primaria del Estado ni una política pública capaz de garantizar soluciones sostenibles.

Lo que ocurre en el terreno no puede reducirse a cifras. Hay pacientes encamados fuera de sus viviendas; personas que necesitan hemodiálisis u oxígeno y no reciben atención adecuada; bebés de pocos meses que duermen al aire libre. Una emergencia no afecta a todos por igual. Para quienes viven en pobreza, perder un techo es perder seguridad, salud, ingresos y posibilidades de recuperación.

La educación tampoco puede quedar en segundo plano. El daño en cientos de centros educativos amenaza la continuidad del aprendizaje. Según reportes comunitarios, en el colegio San Benito Salvador colapsaron la biblioteca y varias aulas. La reconstrucción debe ir más allá de reparar estructuras: requiere evaluaciones técnicas, seguridad y apoyo para recuperar el tiempo académico perdido.

Esta realidad preocupa aún más en un país con profundas brechas sociales. Según CEPALSTAT, Panamá registró un índice de Gini de 0,506 en 2023, reflejo de una distribución desigual de los ingresos. Por eso, un desastre golpea con mayor fuerza a los más vulnerables: quienes tienen ahorros y viviendas resistentes se recuperan antes, mientras muchas familias rurales deberán empezar prácticamente desde cero.

El país necesita una política de Estado para la atención y el desarrollo de las zonas rurales, con información comunitaria actualizada, personal suficiente para evaluar daños, ayuda distribuida con criterios transparentes, refugios temporales seguros, continuidad de los servicios de salud, recuperación de las escuelas y apoyo para restablecer los medios de vida. La respuesta debe incluir a los propios habitantes, que conocen sus comunidades y pueden identificar necesidades que pasan desapercibidas en los informes oficiales.

La ayuda humanitaria atiende lo urgente; la planificación pública debe evitar que las mismas familias queden abandonadas cuando desaparezca la atención mediática.

Las familias rurales nos recuerdan que la resiliencia no consiste solo en levantarse después de una tragedia, sino en aprender de ella y transformar aquello que nos hace vulnerables. Este momento debe llevarnos a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el ambiente, con el territorio y con nuestros prójimos. La forma en que cuidamos el entorno, planificamos nuestras comunidades, construimos nuestras viviendas y atendemos a los demás puede reducir o agravar los impactos de un desastre.

La verdadera resiliencia no se mide por nuestra capacidad de resistir los golpes, sino por nuestra voluntad de aprender de ellos, actuar con responsabilidad y construir un país más solidario, preparado y justo. Que esta emergencia no sea recordada solo por los daños que dejó, sino por la decisión colectiva de no volver la mirada hacia otro lado y de garantizar que en Panamá ninguna comunidad enfrente sola una tragedia de esta magnitud.

El autor es médico y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.