El terremoto del 9 de octubre dejó daños en iglesias históricas, museos, centros educativos y otras instalaciones vinculadas con la cultura. Mientras continúan las evaluaciones técnicas, recordemos que en estos lugares las personas se encuentran, aprenden, crean y transmiten conocimientos, y que su afectación nos obliga a reflexionar sobre el lugar que ocupa la cultura en la prevención de desastres y en la recuperación de las comunidades.

La primera responsabilidad del Estado es proteger la vida. Cerrar temporalmente una instalación dañada o suspender una festividad ante riesgos reales es una decisión indispensable. Pero, una vez atendida la urgencia, se requieren acciones que eviten que esas interrupciones se prolonguen y terminen debilitando la vida cultural de quienes ya han sufrido las consecuencias del sismo.

Los derechos culturales mantienen su vigencia durante una emergencia y, por tanto, se debe garantizar, en la medida de las circunstancias, la continuidad de la participación en la vida cultural, el acceso a espacios, la creación y la transmisión de expresiones culturales y conocimientos.

Para hacerlo, debemos superar una mirada limitada al patrimonio monumental, puesto que la pérdida de una biblioteca comunitaria, la interrupción de un taller artístico o el cierre de un espacio independiente afecta profundamente las oportunidades de expresión del patrimonio vivo de un territorio. También pueden resentirse los ingresos de artistas, artesanos y personas trabajadoras de la cultura en general.

La dimensión comunitaria también suele pasar inadvertida. Las comunidades poseen redes de solidaridad, memorias de emergencias anteriores y maneras propias de comunicar y organizarse. Esos conocimientos no sustituyen las evaluaciones científicas ni las indicaciones de protección civil, pero pueden ayudar a que la prevención sea comprendida, apropiada y practicada. La experiencia internacional muestra que las políticas de gestión del riesgo funcionan mejor cuando dialogan con los contextos sociales y culturales, en lugar de tratar a sus habitantes como simples destinatarios de instrucciones o víctimas que solo esperan asistencia económica.

El diálogo obliga a escuchar las diferencias,ya que no todas las comunidades perciben el riesgo del mismo modo ni disponen de iguales recursos para proteger sus espacios, de manera que una respuesta uniforme puede ignorar barreras territoriales, económicas, lingüísticas o de accesibilidad. Participar supone, además de recibir la información pertinente, intervenir en la identificación de necesidades, en las prioridades de recuperación y en el seguimiento de las decisiones.

Panamá cuenta con una Política Nacional y un Plan Estratégico de Gestión Integral del Riesgo de Desastres 2022-2030. El desafío consiste en asegurar que sus mecanismos de prevención, preparación, respuesta y recuperación incorporen expresamente la dimensión cultural comunitaria.

Antes de los desastres, hacen falta mapas de vulnerabilidad de espacios y actividades culturales, protocolos para resguardar archivos y colecciones, y ejercicios de preparación junto con las comunidades. Durante la emergencia, deben identificarse las interrupciones de servicios y prácticas culturales, además de los daños materiales. Después, la recuperación necesita planes, responsables, plazos y recursos, con alternativas temporales cuando los espacios habituales no puedan utilizarse, mientras la economía creativa del lugar tiene que reactivarse.

La evaluación de daños debe, por tanto, preguntar a las propias comunidades qué actividades se interrumpieron, quiénes resultaron afectados y cuáles son sus prioridades. Sin esa información, una política de recuperación puede restaurar edificios y, sin embargo, dejar sin respuesta a quienes daban sentido y vida a esos espacios culturales comunitarios.

Esta tarea exige coordinación entre el Ministerio de Cultura, el Sistema Nacional de Protección Civil, las autoridades locales, las instituciones educativas y las organizaciones culturales. No se trata de crear una burocracia paralela, sino de asegurar que la cultura esté presente en los mecanismos existentes de prevención, respuesta y reconstrucción.

El terremoto nos recuerda que los desastres tienen causas naturales, pero sus efectos dependen también de nuestras decisiones colectivas. Reconstruir requiere reparar paredes, pero, sobre todo, exige restablecer las condiciones para que las comunidades puedan seguir encontrándose, recordando, creando y decidiendo sobre su propia vida cultural.

El autor es docente universitario, investigador, gestor cultural.