Una obra casi terminada que continúa sin prestar servicio. Medicamentos adquiridos para proteger vidas que vencen en un depósito. Familias que, después de comprar su vivienda, descubren que no cuentan con agua potable suficiente. Son situaciones diferentes, pero comparten una inquietud: ¿estamos midiendo nuestras inversiones por los recursos que utilizamos o por las necesidades que conseguimos resolver?

En Panamá hablamos frecuentemente de presupuestos, licitaciones y porcentajes de ejecución. Sin embargo, entre aprobar una inversión y convertirla en bienestar existe una responsabilidad que exige planificación, seguimiento y resultados.

El hallazgo de medicamentos e insumos médicos vencidos en depósitos de la Caja de Seguro Social, identificado mediante auditorías institucionales e investigado posteriormente por el Ministerio Público, merece una reflexión profunda.

¿Cómo es posible que productos destinados a proteger la salud pierdan su vigencia mientras tantos pacientes necesitan tratamientos oportunos? Corresponde esclarecer las responsabilidades, pero también examinar la programación de las compras, la rotación de inventarios y los mecanismos de distribución.

Un medicamento no cumple su finalidad cuando ingresa a un almacén, sino cuando llega oportunamente y en condiciones adecuadas al paciente que lo necesita.

El agua potable representa otra responsabilidad fundamental. Es indispensable para la vida, la alimentación, la higiene y la prevención de enfermedades. Su ausencia o calidad deficiente compromete la salud de personas de todas las edades, especialmente de quienes presentan mayor vulnerabilidad.

Garantizar este servicio exige proteger las fuentes hídricas, mantener las instalaciones, vigilar la calidad del suministro y anticipar el crecimiento de las comunidades. Esa previsión resulta particularmente importante al autorizar nuevas urbanizaciones.

Hay familias que comprometen sus ingresos durante años para adquirir una vivienda y, una vez instaladas, enfrentan dificultades para recibir agua de manera continua. ¿Cómo puede considerarse terminado un desarrollo habitacional sin comprobar previamente la capacidad de sus servicios esenciales?

La planificación territorial también debe respetar las características del suelo, el drenaje, los riesgos de inundaciones y deslizamientos y las condiciones ambientales.

La seguridad de una vivienda comienza mucho antes de colocar sus cimientos.

Las obras públicas inconclusas constituyen otra expresión de esta preocupación. En septiembre de 2026 se dio a conocer la existencia de 142 proyectos abandonados que registraban avances superiores al 80 %. Detrás de esas construcciones existen necesidades pendientes. Hospitales, centros de salud, escuelas y otras instalaciones no cumplen su propósito por estar casi terminadas: deben entrar en funcionamiento y prestar los servicios para los cuales fueron concebidos.

Recuperar esas inversiones requiere conocer las causas de su paralización, establecer responsabilidades cuando corresponda y evitar que nuevas obras enfrenten el mismo destino.

La alimentación escolar también invita a reflexionar sobre la importancia de actualizar nuestras decisiones.

La Ley 35 del 6 de julio de 1995 estableció la distribución de leche, cremas enriquecidas y galletas nutricionales, contemplando sustitutos de igual o superior valor nutritivo. Más de treinta años después, en 2026 se informaron procesos de contratación con precios de referencia cercanos a 29.6 millones de balboas para estos productos.

El Meduca desarrolla además almuerzos escolares y otras iniciativas. Reconocer esos esfuerzos es compatible con examinar cuánto han avanzado las formulaciones, qué aceptación tienen los alimentos y si responden a las distintas edades y condiciones de salud de los estudiantes.

La evaluación científica debe considerar azúcares añadidos, sodio, grasas, aditivos y conservantes, cuando se utilicen, sin atribuir efectos perjudiciales que no estén demostrados. También merece atención la disponibilidad de alternativas para escolares con diabetes, enfermedad celíaca, alergias u otras necesidades alimentarias particulares.

Que un alimento esté fortificado y cumpla una ficha técnica no significa, por sí solo, que constituya la mejor alternativa dentro de un programa de alimentación escolar moderno, variado y saludable.

La ciencia y la industria alimentaria ofrecen hoy posibilidades que hace tres décadas eran mucho más limitadas. Los purés y otras preparaciones infantiles conservados en frascos de vidrio, bolsas flexibles con boquilla y envases asépticos de cartón multilaminado, como los utilizados por Tetra Pak, muestran aplicaciones que podrían estudiarse para desarrollar comidas escolares nutritivas, variadas y atractivas.

Determinados alimentos pueden elaborarse sin conservantes añadidos y mantenerse seguros a temperatura ambiente antes de abrirlos, mediante procesos industriales y envases debidamente validados. Su producción exige buenas prácticas de manufactura, controles de inocuidad, trazabilidad, estabilidad nutricional y vida útil científicamente comprobada.

Estas alternativas merecen estudiarse para centros educativos de todo el país, incluidas las comunidades de difícil acceso. No se trata de sustituir precipitadamente lo existente, sino de aprovechar el conocimiento disponible para ampliar las opciones y comprobar sus beneficios.

Los asuntos expuestos tienen causas distintas y requieren soluciones particulares. Sin embargo, comparten una responsabilidad: planificar no consiste únicamente en conseguir recursos, adjudicar contratos o iniciar proyectos. También significa anticipar riesgos, supervisar su ejecución y comprobar que los resultados beneficien a la población.

Reconocer los esfuerzos institucionales es justo. Igualmente necesario es revisar lo que puede mejorarse, porque una gestión responsable no termina cuando se presenta un informe satisfactorio, sino cuando el servicio cumple la finalidad que justificó su inversión.

Los presupuestos pueden reformularse, los contratos revisarse y las obras concluirse. Pero la salud que se deteriora, la tranquilidad de una familia que necesita agua y los años decisivos del crecimiento de un niño no siempre pueden recuperarse.

El verdadero costo de lo que no funciona no está solamente en el dinero invertido. Está en aquello que pudimos prevenir, en las necesidades que dejamos sin atender y, sobre todo, en el tiempo que ninguna institución puede devolver.

La autora es educadora.