Como ciudadana panameña, me siento profundamente conmovida —y escandalizada— por la tragedia reciente que enlutó a comunidades indígenas cuando dos niñas murieron camino a su escuela. Uno podría pensar que esto sucede en Gaza o Sudán, víctimas de conflictos o pobreza extrema. Pero no. Esto ocurrió aquí, en Panamá.
En los últimos veinte años, según el informe Educación mortal: crisis sistémica de ahogamientos infantiles en la Comarca Ngäbe-Buglé, de Jóvenes Unidos por la Educación, se calcula que al menos 70 niños y niñas han perdido la vida en situaciones similares: lluvias torrenciales, ríos que se desbordan, caminos intransitables y escuelas sin la infraestructura básica para un acceso seguro. Y detrás de cada cifra hay una historia de abandono.
Nuestros niños indígenas asisten a clases en comunidades remotas donde, según el informe de UNICEF para Panamá, el 18% de las escuelas de secundaria baja carece de electricidad (Impacto de la crisis climática, ambiental y energética en el desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes en Panamá). Las lluvias intensas y el cambio climático agravan los riesgos: Panamá forma parte de una región donde, según UNICEF, más de 2.3 millones de desplazamientos internos de niños se han registrado en los últimos seis años debido a desastres relacionados con el clima (América Latina y el Caribe: 2.3 millones de niños desplazados por desastres relacionados con el clima en seis años).
Mientras tanto, el sistema educativo nacional anuncia planes para repartir laptops en escuelas que muchas veces no tienen ni luz, ni agua potable, ni acceso seguro. ¿Cómo estudian los niños si deben caminar kilómetros, cruzar puentes improvisados y enfrentarse a la furia de la naturaleza para llegar al pupitre?
Lo más indignante es que los últimos cuatro gobiernos han tenido en sus manos el presupuesto del Ministerio de Educación (Meduca), y su ejecución en infraestructura para zonas indígenas y rurales ha sido insuficiente. No podemos aceptar que los recursos estén aprobados, pero la inversión efectiva sea tan baja que nuestros escolares arriesguen la vida simplemente por aprender.
¿Acaso entendemos que la educación es la llave para romper los ciclos de pobreza, desigualdad y exclusión? Si los más vulnerables no acceden, toda la nación pierde. Cuando niñas mueren por una ruta escolar sin protección, no estamos ante un simple fallo logístico: estamos ante una violación de derechos humanos fundamentales, frente a un país que deja a sus niños al margen de su propia promesa de futuro.
Pido que dejemos de ser indiferentes. Que no digamos “qué lástima” y volvamos al escritorio. Que los medios de comunicación no olviden a estas niñas y niños ni a sus comunidades rurales. Que la sociedad civil, las autoridades indígenas, los gobiernos, los docentes y los medios ejerzamos presión conjunta para realizar un diagnóstico urgente de los caminos escolares en riesgo y se priorice la infraestructura mínima para acceder a clases —puentes seguros, señalización, drenajes, rutas alternativas— en comunidades indígenas, entre otras acciones.
Porque cada niña o niño que muere es una promesa rota, una voz silenciada, un futuro que nunca despega. Queremos excelencia en educación, empatía con las comunidades y desarrollo del primer mundo —justo los valores que muchas organizaciones promueven en Panamá—. Pero para que sean reales, deben traducirse en acción tangible donde más se necesita.
No queremos más titulares de “otra cabeza de agua se llevó una vida”. Queremos rutas seguras, aulas con luz y niños que lleguen enteros al primer día de clases y regresen con alegría. Si los estándares internacionales dicen que los niños tienen derecho a la educación y a la protección, aquí también deben cumplirse.
Porque no se trata de otro continente. Se trata de Panamá, de nuestras niñas y niños indígenas, de nuestra conciencia colectiva. ¿Cuántos más deben morir antes de que actuemos?
La autora es especialista en comunicaciones para la sostenibilidad.
