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DECRETO 130

El ‘cuco’ de los reavalúos inmobiliarios

Este último fin de semana nos han bombardeado nuevamente con el fantasma de los reavalúos inmobiliarios. Varios contribuyentes, por no leer previamente y analizar el Decreto 130/2017, fueron persuadidos por la propaganda en su contra, las cuales tuvieron como bandera que les iban a revaluar sus propiedades, subir los impuestos e incluso hasta unos videos que parecían episodios de Los locos Adams en versión a colores, que insinuaban que al contribuyente lo iban a despojar de su casa.

No soy defensor del actual gobierno ni de los pasados, pero leído y analizado el Decreto 130 recientemente aprobado, confieso no encontrar aumento de impuestos, valorizaciones ni avalúo de propiedades que no existieran previos al decreto. Lo que sí veo en los politiqueros videos y chats que me enviaron, son cálculos exagerados y teorías desmedidas a las realidades del futuro de las propiedades en Panamá. Ya varios gobiernos han tratado de valorizar las propiedades (recordemos el gobierno de Martin Torrijos al querer valorar las propiedades vecinas a la cinta costera) y otros de revaluar las fincas (como fue el caso en Paitilla del gobierno de Martinelli). En ambos casos, las medidas fueron descartadas, ya sea por injustas o por impopulares.

Mi lectura del decreto es que solo cambian los actores de quienes deben determinar cómo se desglosa, del valor de traspaso de un bien inmueble, cuánto sería el valor del terreno y cuánto el valor de mejoras. Antes del DE 130/2017 este desglose ya existía, pero el funcionario de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) era el encargado de la segregación de los valores y “regularmente” lo hacía con algo llamado por ellos como la Fórmula de Pitalúa (entiendo que nombrado así en honor a su inventor, un exdirector de la Dirección de Avalúos de Catastro). El nuevo decreto lo único que hace es traspasar esta obligación de desglose de valores al contribuyente.

Entendamos que el Estado siempre tendrá la facultad de revaluar las propiedades. ¿Por qué?, primero porque la realidad es que los bienes inmuebles se avalúan con el tiempo y muchas veces con ayuda de las inversiones que hace el Estado. Segundo, porque el Estado tiene que encontrar la manera en que los particulares declaren las nuevas mejoras a sus inmuebles, lo que aumenta el valor de las mejoras en la propiedad. Por último, porque siempre existirá el que, por desconocimiento o por pasatiempo para evitar pagar el impuesto adecuado, hace incorrectamente la declaración de los valores de venta, y en este caso, el de asignar el valor del terreno y de mejoras.

El decreto tiene la intención de cambiar, dentro del proceso ya existente, el sujeto encargado de determinar el desglose del valor catastral. También impulsa que sean los municipios (que son los que actualmente se favorecen de los impuestos de inmueble) quienes se encarguen de localizar a los morosos de dicho impuesto y hacer la gestión de cobro (y por qué no, si deben ser los más interesados). Pero creo que debemos mirar más allá y de una vez por todas, aprovechando que el Órgano Ejecutivo ya anunció la suspensión del decreto, para dictar reglas del juego claras de un tema que ha demostrado efervescer las pasiones en la población panameña que tributa.

La oportunidad es invaluable para hacer las cosas ordenadas y consensuadas (lo que faltó en esta ocasión y en todas las demás en que un gobierno de turno emite alguna norma relacionada con impuestos). Creo que primero debemos definir correctamente qué es el valor catastral y cómo se calculará.

Legislar cuál será el método para desglosar del precio catastral el valor de mejoras y el de terreno. Y lo más importante en este momento para los contribuyentes, es estipular una nueva tabla definitiva y única para todas las propiedades, para el cálculo del impuesto de inmueble; tributo que indiscutiblemente es muy alto en Panamá. Yo aprovecharía además para automatizar el proceso de actualización de valores para que se haga directamente al inscribir la compraventa en el Registro Público, quien puede compartir base de datos con la Anati y la DGI con los controles de seguridad pertinentes. Como último punto, y tal vez metiendo un gol como hacen nuestros políticos, pero esta vez con una sana intención, creo que ya es hora de que tengamos una base de datos única y actualizada, que contemple la descripción de las fincas que ya existe en el Registro Público, junto con un mapa de localización y su código de zonificación urbanística, para así no tener que ir a tres instituciones distintas a buscar información relacionada.

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