Cuando a la ciudadanía se le pregunta su opinión acerca de la Asamblea Nacional sus respuestas son siempre palabras de desprecio, decepción o queja. La regla general es el sentir de que ese órgano del Estado no cumple ninguna misión. De hecho, ya empiezan a escucharse voces peligrosas para la democracia que manifiestan que su existencia o inexistencia no hace diferencia alguna al país. Pero, ¿cómo no estar de acuerdo con quienes consideran que los padres de la patria no hacen su labor correctamente y, de paso, piensen que estos poseen beneficios y prebendas más allá que los de la mayoría de la población? Consideren que nadie debe tener prebendas ni beneficios.
Por ello, creo oportuno aclarar cuáles son las funciones de esta institución, cuánto nos cuesta a cada uno de los panameños y qué recibimos a cambio.
Las funciones de la Asamblea Nacional de Panamá están expresamente establecidas en nuestra Constitución. Ellas se dividen en tres: funciones legislativas, funciones judiciales y funciones administrativas. Cada una de estas se subdivide con detalle en la carta magna. Sus funciones son crear leyes, ratificar a ciertos funcionarios designados por el Órgano Ejecutivo, supervisar al Ejecutivo, enjuiciar –de ser necesario– al presidente de la República o a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrar al contralor general de la República, entre otras tantas. La misma norma superior le prohíbe a la Asamblea Nacional expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de la Constitución. En otras palabras, no pueden expedir leyes o reglamentos en los que se establezca que los diputados son encargados de hacer calles, potabilizadoras, canchas deportivas, repartir comida, camisetas, bonos navideños, pintar escuelas o donar al circuito ambulancias. Eso es función de otro órgano del Estado.
Sobre esta base constitucional repasemos cómo la Asamblea Nacional cumple con sus deberes constitucionales. Primero, es la responsable de hacer leyes y, por ello, durante 2016 aprobaron y se sancionaron 52 leyes (en 2014 se aprobaron 99, y en 2015, 53), de las cuales el 65% fueron propuestas por el Órgano Ejecutivo, no por los diputados; es decir, no por quienes tienen como deber principal crear leyes en beneficio del país, sino por quien debe administrar el país. Entonces, es fácil colegir que los roles se han invertido, no porque el Ejecutivo no pueda proponer leyes, eso le está permitido, sino porque el Ejecutivo está para gobernar, administrar la cosa pública, hacer cumplir las leyes, ejecutar obras, etc., y el Legislativo está para hacer leyes y supervisar que el Ejecutivo cumpla su labor en beneficio de la población del país. Pero, ¿cómo van a supervisar a alguien de quien dependen, al ser el Ejecutivo quien controla el presupuesto de la Asamblea Nacional?
La asistencia a la Asamblea Nacional, tema que se encuentra de moda, resulta vergonzosa. De los 71 diputados que conforman la cámara, el único que posee el Partido Popular, así como la única diputada independiente tienen el 100% de asistencia. El partido gobernante tiene una asistencia de tan solo 67%, y el mayor partido de oposición del país tan solo el 54%. Por ende, es fácil concluir que con un porcentaje tan alto de inasistencia resulta casi imposible realizar una labor prolija para quienes los escogemos.
Veámoslo desde otro punto de vista. Imagínese que usted es un empresario y contrata a su personal, pero este únicamente asiste a laborar el 67% del tiempo y usted le paga como si trabajara 100%, jamás su empresa rendirá los frutos esperados y lo más seguro es que quiebre. O pongámoslo de otra manera: que usted es un empleado, pero solo trabaja el 67% y hasta menos del tiempo que su empleador le ha establecido, y con todo y eso cobra como si laborara 100%. Eso sí resulta sabroso, ¿verdad?
Pues es eso exactamente lo que está sucediendo; por ello, ante el ausentismo, inacción y apatía de la Asamblea Nacional y por la avaricia por recibir prebendas y regalías del Órgano Ejecutivo el país empieza a preguntarse de forma peligrosa para qué los necesitamos, si trabajan poco y nos cuestan mucho dinero.
Y, ¿cuánto nos cuestan? Un honorable diputado gana 7 mil dólares mensuales. En adición, tiene derecho a designar empleados para su servicio (secretaria, chofer, etc.) hasta por la suma de 4 mil 500 dólares. Es decir, solo en planilla de diputados y sus colaboradores más cercanos (pues la Asamblea Nacional tiene otros empleados) el fisco con nuestros impuestos paga 816 mil 500 dólares al mes, estén en sesiones o receso. Si multiplicamos ese monto por seis meses (de julio a diciembre) y lo dividimos por el número de horas (276) que, según ellos, sesionaron entre julio y diciembre de 2016, la Asamblea nos costó 17 mil 750 dólares por hora.
Como si ello no fuera suficiente, no pagan correo ni teléfono dentro del territorio nacional. Pueden importar libre de impuestos dos vehículos durante su periodo, ya sea para el uso personal o de sus familiares. Si el diputado suplente actúa ante la Asamblea, así sea por un día, tiene derecho a introducir al país un vehículo libre de impuestos. En adición, sus carros podrán tener placas oficiales. Finalmente, se les da pasaporte diplomático para cualquier viaje que tengan que hacer. Y hablando de viajes, durante 2016 la Asamblea Nacional gastó en viajes y viáticos la módica suma de 655 mil 825 dólares. Todo esto es bastante para una institución que no produce dinero.
La realidad es que, en parte ha sido la población la culpable de esta trágica situación, pues somos nosotros quienes escogemos a aquellas personas que han de ocupar una curul –que por lo general ni están capacitadas y hasta son confesas de delitos–, con la esperanza, no de que mejore el país y supervise al presidente de la República y a sus ministros, sino para ver qué nombramiento me hace, qué regalo me da, o cómo le saco la reparación de la cancha de fútbol que usa la barriada los domingos por la tarde.
Mientras no exijamos un cambio o nombremos a personas capacitadas, existirán dos clases de panameños: aquellos que deben trabajar duro un 100% para recibir su salario, comprar su automóvil, con impuestos incluidos y batallar contra el costo de la vida, y aquellos que gozan de muchas prebendas. Mientras tanto, no tenemos por qué quejarnos.
