La decisión de la Asamblea Nacional de ratificar el nombramiento de las abogadas Moore y Tovar para los cargos de magistradas de la Corte Suprema, aparte de enfrentar todos los argumentos negativos esbozados por la sociedad civil, gremios y otros sectores de la sociedad, en especial los argumentos morales y éticos, a su vez representa para el Órgano Legislativo una terrible amenaza.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro sistema de gobierno es altamente centralista y excesivamente presidencialista. Los poderes que la Constitución Nacional le otorga al presidente de la República lo convierte en una especie de deidad toda poderosa, cuyo poder puede ser controlado en principio por el Órgano Legislativo. Tanto poder en mano de una persona sensata, inteligente y honesta podría conducir al país por la senda del progreso y el desarrollo en todos los aspectos nacionales. Pero tal cual ha ocurrido, en mano de deshonestos, incapaces y no muy inteligentes mandatarios, el resultado es el panorama de corrupción e impunidad que hemos vivido en los últimos años.
La escogencia y ratificación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia no debería ser un episodio político traumático. Pero en un escenario político altamente corrupto, en donde ninguno de los tres órganos del Estado parece tener las manos limpias, ni la capacidad de señalar responsabilidades a uno sin que el otro le enrostre un expediente de alguna investigación o proceso; así, un trámite administrativo, de ratificación de funcionarios públicos se ha convertido en una tragicomedia que a una gran parte de la población ni le interesa ni le preocupa, ya que los políticos han anestesiado la conciencia de un gran sector del pueblo con una fuerte dosis de populismo y clientelismo que se encuba en una plataforma de ignorancia y falta de educación.
A final de cuentas, al Órgano Legislativo en realidad, de verdad, no le interesa la textura moral ni académica de las elegidas. Lo que realmente les preocupa es que la ratificación de estas señoras implicará incrementar la cuota de poder del Ejecutivo sobre el Legislativo. Ello es así porque en un sistema como el nuestro, en donde lo que campea en la mente de los diputados no es el bienestar del pueblo ni el idílico panorama de jueces justos, honestos y capaces, si no la realidad preñada de actos deshonestos en donde la conciencia (si es que tienen) les remuerde porque son conscientes de que han estado danzando alegremente al son de la corrupción, la impunidad solo se garantiza con la venia de un Órgano Judicial vasallo a los intereses del Ejecutivo o de ellos mismos, lo cual no lograrán con la ratificación de estas magistradas.
Una vez nombradas, habrá cuatro magistrados salidos de la mano del presidente Varela y con un comodín ya asegurado, el control del Ejecutivo será un instrumento que bien ejecutado le dará la capacidad de que el Legislativo baile al son que le toquen.
Llevar a un presidente a un juicio político es más difícil que enjuiciar a diputados con expedientes repletos de pruebas y evidencias del latrocinio cometido por años. Ambos organismos pulsean con el fin de no quedar con la daga en el cuello, no del interés de un pueblo, solo, expectante.
El autor es abogado
