¿Dónde va el dinero de la descentralización?¿Podemos los ciudadanos intervenir en las decisiones sobre en qué se invierten estos fondos?La respuesta es, definitivamente, sí.
Participar no es solo votar en las elecciones o levantar la mano en consultas ciudadanas. Los panameños tenemos el reto de involucrarnos en los proyectos locales que nos impactan directamente. Esto conlleva formarse para decidir colectivamente, identificar necesidades, priorizarlas y llevarlas un paso más allá: la formulación y gestión de proyectos comunitarios.
La Ley de Descentralización de la Administración Pública (Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 de 2015) traslada competencias y recursos a los gobiernos locales, estableciendo mecanismos participativos. Sabemos que la descentralización en Panamá ha sufrido tropiezos y no ha avanzado al ritmo deseado, pero reconocemos también que es un proceso en marcha, indetenible e indispensable para el fortalecimiento de nuestra democracia y la mejora de la calidad de vida.
La ley establece dos fondos de inversión: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Programa de Inversión en Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), los cuales deben destinarse a proyectos de desarrollo social, educación, salud, pobreza e inclusión.
Los fondos IBI se distribuyen entre los municipios, con un monto mínimo anual de B/.500,000, de los cuales debe destinarse entre el 75% y 90% a proyectos locales. El PIOPSM establece B/.110,000 anuales para cada junta comunal y alcaldía, destinando el 70% a inversión. Aquí los ciudadanos tenemos una gran oportunidad para incidir en la toma de decisiones sobre qué proyectos financiar.
Según datos del portal Gestión Transparente Panamá (consultado el 28 de agosto de 2025), la inversión del PIOPSM en 2025 asciende a $86.13 millones, y la del IBI a $70.24 millones, para un total de $156.37 millones. Aunque esta cifra representa apenas el 0.5% del presupuesto nacional, constituye una valiosa oportunidad para la participación local.
Las dificultades para ejecutar los proyectos de descentralización por parte de los gobiernos locales son bien conocidas y no son el objetivo central del presente artículo. Nos interesa responder preguntas clave como: ¿en qué se invierten estos fondos?, ¿quién decide? y ¿qué estamos haciendo los ciudadanos para incidir en la toma de decisiones? El objetivo es buscar soluciones, compromisos y motivar la formación ciudadana.
Para incidir efectivamente en las decisiones de inversión, los ciudadanos debemos comprender qué es un proyecto, cuál es su ciclo y cómo formularlo. Las comunidades organizadas deben capacitarse para identificar necesidades, priorizarlas, formular proyectos, gestionar fondos y dar seguimiento.
No existe una verdadera descentralización sin la participación activa y efectiva de los ciudadanos. La formación en gestión de proyectos locales es esencial para que el dinero se invierta en necesidades reales de las comunidades, evitando “descentralizaciones paralelas” y garantizando el uso transparente de los fondos.
Sin embargo, la participación ciudadana enfrenta un gran obstáculo en Panamá: su carácter no vinculante en la legislación vigente, es decir, las decisiones de los ciudadanos no son de obligatorio cumplimiento para las autoridades. Este es un tema que amerita una reforma urgente de la ley.
Para que los ciudadanos podamos intervenir efectivamente en las decisiones sobre el uso de los fondos de descentralización, aún quedan desafíos por afrontar: asegurar el carácter vinculante de las decisiones participativas y promover la formación ciudadana en proyectos locales. Solo así podremos pasar de ser espectadores a protagonistas del proceso de descentralización.
La autora es urbanista y estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá.
