El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el Estado de Israel, alegando que el gobierno y la milicia israelí están cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino.
Sudáfrica presentó el caso ante la CIJ acusando a Israel, entre otros, de cometer, permitir y no prevenir el genocidio en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino; sin embargo, las audiencias que hemos visto, el pasado 11 y 12 de enero de este año, no son sobre los méritos del caso o el “fondo” del asunto, sino sobre la solicitud de medidas provisionales que, según Sudáfrica, la CIJ debe ordenar para salvaguardar los derechos y, específicamente, la vida y existencia del pueblo palestino en la Franja de Gaza.
Entre las medidas más relevantes, podemos mencionar la solicitud que se le ordene a Israel suspender, inmediatamente, toda operación militar en y contra Gaza; además, que Israel deba tomar todas las medidas necesarias para prevenir el genocidio del pueblo palestino, así como también prohibir incurrir en actos de incitación directa y pública al genocidio; y, que Israel garantice la conservación de la evidencia, permitiendo que comisiones puedan acceder a Gaza para la recolección de evidencia.
Sudáfrica fundamentó su solicitud, principalmente, en que: “ningún lugar es seguro en Gaza”; Israel está utilizando bombas no guiadas y que pesan más de dos mil libras en uno de los sitios más densamente poblados del mundo; aproximadamente un palestino es asesinado cada seis minutos; un estimado de 8 mil niños habían sido asesinados al 12 de diciembre de 2023 y hay miles de desaparecidos; Israel está obstaculizando la asistencia humanitaria, el acceso al agua, comida, refugio, y asistencia médica en Gaza; el 85% de la población ha sido forzosamente desplazada, en más de una ocasión; entre otros eventos catastróficos que representan un serio peligro para la vida de una población entera.
Israel, por su parte, lamentó el sufrimiento del pueblo palestino, sin embargo, mencionó que ese sufrimiento también era compartido por sus nacionales, específicamente, aquellos desplazados de sus hogares, los asesinados por el grupo terrorista y los rehenes que aún no han sido rescatados. Israel reafirmó que esta guerra no fue comenzada ni deseada por ellos y que es contra un grupo terrorista, cuya brutalidad no conoce límites. Según Israel, Hamas ha utilizado a civiles y sitios protegidos (escuelas, hospitales, entre otros) como centros de operación militares. La delegación igualmente se refirió a los esfuerzos de la milicia por mitigar el sufrimiento y daño a los civiles, haciendo llamados tempranos, corredores humanitarios para evacuación y facilitando asistencia humanitaria. Finalmente, para Israel, sus acciones no contienen un elemento de “intención” en cometer genocidio, sino que se respaldan en el legítimo derecho de defenderse contra un grupo terrorista que, a su juicio, mantiene como meta la eliminación del pueblo judío.
Ahora bien, al menos en los próximos meses, la CIJ no resolverá si Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, lo que puede durar varios años, sino la viabilidad de la imposición de medidas provisionales. En ese sentido, desde nuestra perspectiva es altamente probable que la Corte se incline a favor de aquellas medidas dirigidas a garantizar el acceso a asistencia humanitaria, así como ordenar a Israel que se abstenga de cometer cualquier acto que sea contrario a la Convención sobre el Genocidio. Sin embargo, considero que aquellas medidas dirigidas al cese de operaciones militares serán más controversiales y probablemente no sean concedidas, puesto que, aquello, podría ser interpretado por la CIJ como una limitación del derecho a la legítima defensa del Estado de Israel.
La autora es miembro de la Fundación Libertad
