La historia de Panamá está marcada por una lucha profunda: la recuperación de la soberanía sobre un territorio que, aunque estaba dentro de nuestras fronteras, durante décadas representó una herida moral, una división física y simbólica dentro de la República.

La antigua Zona del Canal no fue solamente un espacio geográfico, sino que fue el símbolo de una época en la que muchos panameños sentían que existía un territorio dentro del propio país, donde el acceso, la administración y el ejercicio pleno de la soberanía nacional estaban limitados.

La lucha generacional por la recuperación de las áreas canaleras tuvo un mensaje claro: Panamá debía ejercer control absoluto sobre todo su territorio y todos los ciudadanos debían sentirse parte de esa recuperación histórica.

La firma de los Tratados Torrijos-Carter y la reversión del Canal representaron una de las mayores conquistas nacionales. No se trataba únicamente de cambiar una administración por otra; se trataba de reafirmar que las tierras recuperadas pertenecían nuevamente a los panameños y asegurarnos de que ondeara únicamente la bandera de todos, la Bandera Panameña.

Por eso, décadas después debemos cuestionarnos todos si “la soberanía territorial” se limita a quién administra un espacio o también incluye el derecho de todos los ciudadanos a transitar libremente por ese territorio.

Panamá Pacífico nació como parte de una nueva etapa de aprovechamiento de las áreas revertidas. Su objetivo fue transformar un antiguo espacio vinculado a la actividad canalera y militar estadounidense en un polo de inversión, empleo y desarrollo económico. Ese propósito es totalmente legítimo y necesario para un país que necesita generar oportunidades y atraer capital.

Nadie puede negar la importancia de impulsar proyectos que fortalezcan nuestra economía y, 22 años después de su creación, habría que analizar numéricamente si Panamá Pacífico y el desarrollador maestro han cumplido con los fundamentos reales de su establecimiento. Trataré de tocar ese tema a fondo en otro ensayo. Hoy me gustaría hablarles de derechos básicos, ya que todo desarrollo debe convivir con los principios fundamentales de la República.

Una zona económica especial puede tener reglas particulares para facilitar inversiones, promover actividades comerciales y establecer mecanismos de control sobre mercancías y operaciones empresariales. Pero esas normas especiales no pueden interpretarse como la creación de un territorio separado dentro del territorio nacional.

Aquí aparece la pregunta constitucional que debe estar en el centro del debate: ¿Se está fiscalizando mercancía o se está limitando el derecho ciudadano al libre tránsito?

El control aduanero tiene una razón de ser: proteger los intereses del Estado, supervisar mercancías, verificar inventarios, controlar importaciones, exportaciones y operaciones que reciben beneficios especiales.

Pero un ciudadano panameño que se desplaza por una vía nacional no es una mercancía, no es un inventario y no está sujeto a un régimen comercial.

La Constitución Política de Panamá establece que toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional, salvo las limitaciones establecidas por leyes o reglamentos específicos.

Por ello, el debate que debe hacerse no es contra la inversión ni contra Panamá Pacífico como modelo económico; el debate es sobre los límites que deben existir entre un régimen especial de desarrollo y los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.

Durante años, la administración de Panamá Pacífico y el desarrollador han defendido la existencia de controles de acceso bajo el argumento de la necesidad de mantener vigilancia relacionada con el régimen aduanero. Esa explicación merece ser analizada con seriedad por la ciudadanía y por las autoridades.

¿Hasta dónde llega legítimamente el control aduanero y en qué momento ese mecanismo puede convertirse, en la práctica, en un control territorial sobre personas?

Porque una cosa es controlar una operación logística, una empresa, una instalación industrial o el movimiento de mercancías y otra cosa es establecer mecanismos que puedan generar la percepción de que un ciudadano necesita autorización para transitar por un área que forma parte del territorio soberano nacional. En ese tema, en Panamá Pacífico, las áreas de verdadero control están claramente establecidas y su condición no debe entenderse como una condición general.

La historia reivindicadora de Panamá nos obliga a ser especialmente cuidadosos con este tema. Nuestros abuelos y padres no lucharon durante décadas para eliminar una división territorial dentro del país para que, con el paso del tiempo, aparezcan nuevas barreras físicas o administrativas que hagan sentir a algunos ciudadanos que existen espacios donde su presencia es condicionada.

La soberanía no es solamente colocar una bandera sobre un territorio; la soberanía significa que ese territorio pertenece a todos los ciudadanos y que todos pueden ejercer plenamente sus derechos dentro de él.

Panamá Pacífico debe ser visto como una oportunidad para demostrar que el desarrollo económico y la integración nacional pueden caminar juntos. Un verdadero polo de desarrollo no debe convertirse en una isla de prosperidad rodeada de comunidades que sienten que quedaron fuera de esa transformación.

El caso de Veracruz y otras comunidades aledañas del distrito de Arraiján representa precisamente un vivo ejemplo de ese desafío pendiente.

A pocos minutos de un proyecto moderno de inversión existen comunidades que todavía reclaman mejores servicios públicos, infraestructura, seguridad y mayores oportunidades económicas. El reto del Estado no es escoger entre desarrollo económico y justicia social; el reto es lograr que ambos avancen al unísono.

El éxito de Panamá Pacífico no debe medirse únicamente por las empresas instaladas, los empleos creados o la inversión captada; y, como he planteado, aún deberíamos ver esos resultados más minuciosamente.

También debe medirse por la capacidad de integrarse con el territorio que lo rodea y con los ciudadanos que forman parte de esa misma nación.

Porque las áreas revertidas fueron recuperadas para Panamá, no para crear nuevas divisiones internas y mucho menos “quintas fronteras”.

La gran pregunta que debemos hacernos como país es sencilla:

Si la soberanía significó recuperar nuestro territorio, ¿no debería esa misma soberanía garantizar que todos los panameños puedan transitar libremente por él?

Panamá necesita inversión, Panamá necesita desarrollo, pero Panamá también necesita recordar que ningún régimen especial está por encima del principio fundamental de que el territorio nacional pertenece a todos sus ciudadanos.

La soberanía conquistada a través de luchas, diplomacia, sudor y también sangre debe sentirse en cada camino, en cada comunidad y en cada ciudadano de nuestra bella nación.

El autor es productor agropecuario, miembro de Anagan y de Asoproc.