En Panamá, en una auténtica democracia, es fundamental contar con una hoja de ruta que despersonalice los cargos públicos. Esto implica separar claramente la figura de quien ocupa un puesto de autoridad de la institución o función que representa, de modo que el cargo no se identifique únicamente con un individuo ni que su nombre se convierta en sinónimo de la oficina que ejerce.
El proceso de despersonalización enfrenta varios desafíos. En muchos países de América Latina, la política tradicional está marcada por el carisma de líderes mediáticos, lo que promueve el culto a la personalidad. Los medios de comunicación y la propaganda juegan un papel central cuando los funcionarios emplean recursos estatales para su autopromoción, asociando logros institucionales a su imagen personal mediante campañas o programas sociales con su sello particular. Esta práctica refleja la falta de institucionalidad: las leyes suelen ser poco robustas y las instituciones carecen de autonomía, de modo que los cargos públicos se convierten en instrumentos de poder personal en vez de mecanismos de servicio a la comunidad. Además, muchos titulares resisten la despersonalización por temor a perder influencia o control sobre sus seguidores.
Contar con políticas públicas claras fortalece la institucionalidad, garantiza la imparcialidad y promueve una gestión eficiente del servicio público, reduciendo significativamente el personalismo y el abuso de poder. Es imprescindible establecer normas precisas, procesos de selección públicos y transparentes, y una administración sustentada en el marco legal, de modo que las funciones del cargo operen de manera independiente de quien las ocupe.
La rendición de cuentas es otro pilar esencial: se deben implementar mecanismos efectivos de control y supervisión, como auditorías e informes públicos, para asegurar que las decisiones respondan al interés general y no a agendas particulares. A su vez, la rotación de cargos a través de elecciones periódicas o mandatos con plazos definidos evita la concentración prolongada del poder en una sola persona.
En materia de comunicación, los funcionarios públicos deben abstenerse de usar sus cargos con fines de autopromoción y centrar sus mensajes en los logros colectivos, no en el individuo. Paralelamente, fomentar una sólida cultura cívica contribuye a que la ciudadanía entienda que los cargos son temporales y están destinados al servicio de la comunidad, no al beneficio personal. Actualmente, el culto a la personalidad ha alcanzado un punto máximo debido al uso extendido de las redes sociales y las nuevas tecnologías. En este contexto, la identidad del individuo adquiere mayor relevancia que el cargo institucional que ocupa, cuando en realidad debería primar la función sobre el nombre propio.
Entre las estrategias para despersonalizar el cargo público destaca la elaboración de un marco legal claro que defina funciones, límites y responsabilidades. Es necesario sancionar el uso indebido de recursos estatales con fines de propaganda personal y endurecer las leyes de transparencia y rendición de cuentas. También conviene establecer límites temporales, prohibir la reelección indefinida y sujetar a ciertos cargos, como los diputados, a un máximo de dos períodos.
El fortalecimiento de organismos autónomos resulta igualmente determinante. En Panamá, la Contraloría General supervisa el manejo de fondos públicos para evitar su uso con fines personales, y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) vela por la declaración de bienes de los funcionarios y la gestión institucional de programas sociales. Las leyes de transparencia, entre ellas la Ley 6 de 2002, prohíben que los recursos estatales financien propaganda individual, y el Código Electoral regula que los anuncios gubernamentales mantengan un carácter institucional durante las campañas.
En la comunicación pública se promueve la neutralidad, prohibiéndose el uso de nombres, imágenes o eslóganes personales en campañas gubernamentales o en la denominación de obras e infraestructura. Así, muchos programas sociales y proyectos se identifican con nombres genéricos que enfatizan su naturaleza institucional en lugar de asociarlos a un gobernante. Otro factor clave es la necesidad de imponer sanciones más contundentes, más allá de las previstas en los procesos electorales, que puedan aplicarse una vez que la persona asuma el cargo, de modo que no sea el individuo quien acapare el protagonismo, sino la institución que representa.
La educación cívica es crucial para que la población reconozca la temporalidad de los cargos y su orientación hacia el bien común. Además, garantizar procesos meritocráticos en la selección de funcionarios y dotar a las instituciones de presupuestos independientes refuerza su autonomía y reduce la influencia de intereses personales.
El politólogo español Juan J. Linz, en obras como Los peligros del presidencialismo y Algunas reflexiones precautorias y no ortodoxas sobre la democracia hoy, advierte que la falta de institucionalización y la dependencia de líderes carismáticos debilitan las democracias. Linz sostiene que el presidencialismo, al no contar con una base compartida sólida entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, es más proclive a crisis de legitimidad e inestabilidad institucional. Por su parte, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en Cómo mueren las democracias, analizan el impacto del liderazgo personalista y subrayan la importancia de despersonalizar los cargos para fortalecer la gobernanza.
La despersonalización del cargo público es esencial para consolidar democracias sólidas y prevenir el abuso de poder. Este objetivo exige la cooperación de marcos legales adecuados, instituciones robustas, mecanismos de transparencia y ciudadanos informados. Aunque los desafíos varían según el entorno político y cultural, las estrategias presentadas pueden adaptarse para garantizar una gestión pública imparcial y comprometida con el interés colectivo.
El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.
