En el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, durante el período 1994–1997, se inició una campaña para promover la creación de las figuras del Ente Regulador y la Defensoría del Pueblo. El 27 de julio de 1997 escribí un artículo titulado “¿Defensor del Pueblo para qué?”, mediante el cual expresé mi disconformidad con la creación de estas entidades, postura que en ese momento coincidía con el sentir popular.
Expresé que lo que se percibía era el interés de favorecer a amigos o allegados al gobierno de turno con un salario de diez mil dólares al mes, además del salario que tendría el personal adicional y los gastos administrativos de esa entidad.
En ese momento consideré que esa figura del defensor del pueblo no traería mayores beneficios para el pueblo panameño, porque al ser nombrado por el gobierno de turno y depender económicamente de él, sería muy difícil lograr éxitos en el desempeño de sus funciones.
El tiempo me ha permitido apreciar que tenía toda la razón. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Pérez Balladares se realizaron reformas al Código de Trabajo, la eliminación de la ley de jubilaciones especiales, el fondo complementario y las privatizaciones. A pesar de estas imposiciones injustas, que el defensor del pueblo trató de mediar, no logró que el gobierno desistiera, y estas decisiones han afectado indefinidamente al pueblo panameño.
A través de los diferentes funcionarios que han ocupado la Defensoría del Pueblo se han podido apreciar muy pocos logros y resultados del desempeño de esta función. Es como si tuvieran una camisa de fuerza que no les permite actuar y lograr los resultados que sin duda alguna quisiera el pueblo panameño. Pienso que esta situación se da por la dependencia económica que tienen del gobierno de turno.
Hemos visto un desempeño tímido, con muy pocos resultados cuando las leyes son impuestas por el gobierno.
La Defensoría del Pueblo es una institución fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, en más de tres décadas hemos observado una falta de logros importantes en su gestión, lo que ha generado preocupación y frustración ciudadana. A pesar de las numerosas denuncias presentadas ante el defensor del pueblo, muchos casos no han sido resueltos de manera efectiva y oportuna. Esto ha llevado a una percepción de ineficacia en la protección de los derechos humanos. Los defensores han sido criticados por la forma tímida con la que han atendido los problemas que afectan a grandes sectores de la población, como la corrupción y la falta de transparencia.
Es hora de que reflexionen sobre su gestión y tomen medidas concretas ante los recientes acontecimientos que hemos vivido en el país, donde se ha visto el atropello a quienes han protestado a nivel nacional, y en especial en la provincia de Bocas del Toro, donde se ha denunciado que se han dado violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra la Ley 462, el memorándum de entendimiento con los Estados Unidos y la posible intención de reabrir la mina.
El pueblo panameño aspira a que el defensor del pueblo priorice la protección de los derechos humanos y promueva la transparencia en el país.
El autor es administrador de empresas.
