A las 6:00 a.m., mientras la burocracia todavía duerme, la economía real ya está sudando en la calle. Alguien fríe empanadas en una esquina; un joven arma su silla de barbería bajo un toldo improvisado; otro acomoda su carretilla de frutas, y una mujer sale a ofrecer un servicio que aprendió por su cuenta.

Ninguno de ellos esperó a que un candidato en campaña anunciara un plan de reactivación económica. Salieron a la calle porque el hambre no entiende de decretos y porque el sustento se asegura con la fórmula más antigua de la humanidad: ofreciendo valor a quien está dispuesto a pagarlo.

Pero cada cinco años, el ciclo electoral escenifica la misma farsa y de paso invierte los papeles. El político de turno sube a la tarima disfrazado de redentor, agitando la promesa de “crear puestos de trabajo” como si el empleo fuera una concesión del poder o un milagro financiado por el presupuesto. En su relato condescendiente, el ciudadano queda reducido a un espectador pasivo, un mendigo de oportunidades que debe aguardar su turno en la ventanilla.

La vendedora de empanadas sueña con alquilar un local; el técnico de aires con formalizar a su aprendiz. Pero cuando intentan dar ese paso, se estrellan contra un muro de permisos duplicados, trámites incomprensibles y tasas que no pueden pagar. Cuando cruzar la frontera de lo formal devora el tiempo y el escaso capital que apenas alcanza para sobrevivir, seguir fuera del sistema deja de ser una elección y se convierte en defensa propia. ¿Qué es la informalidad sino la determinación de salir adelante a pesar de las reglas?

Y aquí radica la mayor perversión del sistema: si en tu afán por llevar comida a casa te atreves a producir sin la bendición de un sello oficial, el Estado no ve en ti a un talento que merezca integrarse. Ve a un infractor rentable. Tu necesidad se vuelve la excusa perfecta para la multa, el decomiso y el acoso. Ahí reside el verdadero riesgo país, mucho más grave que el que dictan las calificadoras financieras y es construir una nación donde emprender es un acto de arrojo penado por la ley, y donde el Estado te trata como un delincuente por intentar ganarte la vida.

El saldo de este acoso rara vez asoma en los debates legislativos, pero su costo es devastador. Es la carretilla que nunca se convirtió en local, el aprendiz que se quedó en la calle, el negocio que murió desangrado en una sala de espera. Para la macroeconomía son cifras menores; para las familias que dependían de ello, lo eran todo.

La tragedia económica de Panamá cabe en una imagen: es el Estado arrancándole los ladrillos a quien intenta ampliar su propio taller, para entregarlos a un político que promete “construir oportunidades”, pero que al final los usa para remodelar su despacho. El primero tenía un plan para producir y contratar; el segundo, solo una excusa para recaudar.

El empleo jamás ha nacido de un discurso. Brota del coraje de millones de personas que madrugan a inventarse su propio destino. Ya es hora de abandonar la retórica de tratar al trabajador informal como alguien a quien el Gobierno debe “ayudar”. Él ya se salvó a sí mismo. La única pregunta decente que debería hacerse el Estado no es cuántos empleos promete regalar, sino cuántas barreras va a derribar hoy para que el vendedor de empanadas, mañana, pueda darle trabajo a alguien más.

El autor es amigo de la Fundación Libertad