En la teoría constitucional moderna, la libertad de expresar el pensamiento no se concibe simplemente como una prerrogativa individual, sino como la piedra angular que garantiza la existencia misma del Estado de derecho. Desde las formulaciones ilustradas de los siglos XVII y XVIII hasta la arquitectura contemporánea de los derechos humanos, el libre escrutinio del poder público ha sido la condición indispensable para el control ciudadano y la rendición de cuentas. Sin embargo, los acontecimientos recientes en la República de Panamá demuestran que las conquistas jurídicas más elementales enfrentan hoy una doble amenaza: la erosión discursiva de la posverdad y el retorno de la intimidación física contra el periodismo de investigación.
Para comprender la gravedad de este retroceso, conviene acudir a la genealogía de los derechos fundamentales. Cuando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 consagró la libre comunicación de pensamientos y opiniones como uno de los derechos más preciosos del ser humano, lo hizo tras siglos de lucha contra el absolutismo y la censura inquisitorial. Más tarde, pensadores como John Stuart Mill sistematizaron esta idea al advertir que suprimir una voz crítica no solo vulnera al individuo que la emite, sino que priva a la colectividad de fiscalizar a sus gobernantes. Esa misma lógica inspiró el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que blindan el periodismo de investigación precisamente porque su función es incomodar a las estructuras de poder opacas.
No obstante, el ecosistema político contemporáneo ha alterado las formas tradicionales de censura. En la era de la posverdad, la deslegitimación de la prensa rara vez comienza con una orden judicial de clausura; suele gestarse mediante campañas sistemáticas de estigmatización diseñadas para destruir la credibilidad del mensajero antes de que el mensaje sea evaluado por la opinión pública. En Panamá, este fenómeno ha adquirido rasgos particularmente corrosivos a través de plataformas digitales y maquinarias propagandísticas articuladas. Desde esa trinchera comunicacional, el debate público sobre investigaciones judiciales y periodísticas ha sido sustituido por la descalificación personal, el agravio coordinado y la relativización de los hechos probados.
La ciencia política ha advertido reiteradamente sobre el peligro de normalizar la hostilidad verbal contra la prensa: cuando el discurso público presenta al periodista investigador no como un fiscalizador democrático, sino como un enemigo político o un operador de intereses ocultos, se crea el ambiente propicio —y el caldo de cultivo moral— para que la agresión trascienda el plano simbólico.
Esa frontera entre la violencia discursiva y el atentado material se cruzó de manera alarmante en la madrugada del pasado sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf, distrito de San Miguelito. El ataque con un artefacto explosivo e incendiario contra la residencia del subdirector asociado del diario La Prensa constituye un punto de inflexión inédito en la historia reciente del periodismo panameño. Aunque los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público han procedido con la aprehensión e imputación de presuntos implicados materiales bajo cargos de incendiarismo, el trasfondo institucional del suceso interpela directamente la salud de la democracia.
El fuego lanzado contra la vivienda de un comunicador no busca únicamente destruir bienes materiales o intimidar y amedrentar a una familia; persigue un efecto paralizante sobre todo el entorno y el ecosistema informativo. En el derecho interamericano —y en el sistema interamericano de derechos humanos— se reconoce que las agresiones contra periodistas generan un efecto amedrentador e inhibitorio colectivo que mutila el derecho de toda la sociedad a recibir información de interés público. Cuando el crimen organizado o las redes de corrupción recurren al terror para frenar una publicación, el objetivo último es sustituir el imperio de la ley por la ley del silencio.
En una sociedad democrática, el disenso no solo es legítimo, sino indispensable: el debate vigoroso, la crítica a la labor de la prensa e incluso la confrontación de ideas forman parte del pluralismo que mantiene viva a una nación. Sin embargo, la línea divisoria entre la discrepancia política y la barbarie es infranqueable. Por principio elemental de convivencia civilizada, lo que jamás podemos relativizar ni tolerar es el recurso al ataque terrorista como herramienta de intimidación. Cuando las diferencias se pretenden zanjar con explosivos e incendios en la madrugada, no se ataca únicamente a un ciudadano o a un medio, sino al pacto social mismo que hace posible la vida en comunidad.
Frente a este escenario, la respuesta del Estado y de la sociedad civil panameña no puede limitarse a la condena protocolaria ni a la persecución exclusiva de los autores materiales. La defensa efectiva de la libertad de expresión exige desarticular tanto las redes de impunidad que financian o instigan estos ataques como la narrativa tóxica que pretende convertir el ejercicio periodístico en una actividad de alto riesgo.
La historia de las libertades públicas enseña que las democracias rara vez colapsan de un solo golpe; suelen debilitarse cada vez que se tolera el acoso contra quienes investigan el abuso de poder. Hoy, en Panamá, proteger la integridad de los periodistas y rechazar la política de la descalificación no es una causa gremial de los medios de comunicación, sino el requisito mínimo para evitar que el miedo, la posverdad y la mentira institucionalizada terminen por calcinar los cimientos mismos de la República.
El autor es abogado y docente universitario.


