Costa Rica fue durante años un líder en sistemas solares para generación distribuida. Sin embargo, una decisión regulatoria —conocida popularmente como “impuesto al sol”— frenó en seco el crecimiento de este sector. Hoy, Panamá enfrenta un debate similar. Como costarricense que vivió este proceso de primera mano, advierto: no repitan nuestro error.
El antes y el después: de la medición neta a la facturación neta
Hasta hace pocos años, instalar paneles solares en Costa Rica era una decisión lógica y rentable. Hogares, comercios y pequeñas industrias podían generar su propia energía y obtener un alivio significativo en sus facturas eléctricas. El retorno de inversión promedio rondaba los cinco años, lo que impulsaba la adopción masiva de sistemas solares y generaba empleo en el sector.
El esquema se conocía como medición neta: cada usuario recibía un medidor bidireccional que registraba tanto el consumo como la energía entregada a la red. Al final del mes, se compensaban ambos valores y el usuario pagaba solo la diferencia, más una pequeña cuota de servicio.
Con la entrada en vigor de la Ley N.º 1008, la medición neta fue reemplazada por la facturación neta. Bajo este nuevo esquema, las distribuidoras dejaron de estar obligadas a reconocer la energía entregada a la red, y tenían únicamente la opción de comprarla si lo deseaban. En la práctica, todas optaron por no pagar por ella.
El resultado fue inmediato: el retorno de inversión se duplicó, pasando de cinco a diez años. Para hogares y pymes, el incentivo desapareció. Solo las grandes industrias con consumo constante y sin excedentes que inyectar a la red pudieron seguir justificando la instalación de paneles.
Las consecuencias
El cambio regulatorio provocó una desaceleración estimada en un 80% de las nuevas instalaciones solares. Miles de familias y pequeños negocios que buscaban reducir sus facturas eléctricas quedaron sin alternativas viables.
Las repercusiones fueron múltiples:
Energéticas: se perdió una herramienta clave para diversificar la matriz y enfrentar los veranos secos sin recurrir a plantas térmicas contaminantes.
Sociales: se frustraron las expectativas de participación ciudadana en la transición energética.
Ambientales: se ralentizó el avance hacia la descarbonización.
Económicas: se envió una señal de incertidumbre a inversionistas nacionales y extranjeros.
Panamá está a tiempo
En Panamá, el debate sobre un posible “impuesto al sol” ha surgido en varias ocasiones. Aunque la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y el propio gobierno han reiterado que no existe tal intención, la sola idea de migrar a un esquema de facturación neta genera preocupación.
Actualmente, Panamá cuenta con más de 3,300 clientes de autoconsumo y más de 100 MW instalados en generación solar distribuida, un crecimiento notable en la última década. Además, el país ya dispone de una Estrategia Nacional de Generación Distribuida (ENGED) que busca democratizar la energía y empoderar a los ciudadanos como prosumidores. La ruta es clara: fomentar, no castigar, el autoconsumo.
Aprender de la experiencia
España también vivió un retroceso similar con su propio “impuesto al sol”, que detuvo casi por completo las instalaciones solares hasta que fue derogado tras años de presión social y empresarial.
La lección es inequívoca: las reglas deben ser estables, justas y predecibles. Castigar al prosumidor es castigar al país entero. La energía solar no solo es limpia, sino también democrática y económica. Convertirla en un lujo o desincentivarla sería un paso atrás en competitividad, transición energética y compromiso climático.
El sol es un recurso gratuito, abundante y de todos. En Costa Rica aprendimos que un mal diseño regulatorio puede apagar la luz de miles de hogares y negocios. Panamá aún está a tiempo de elegir un camino diferente: uno que abrace la innovación, proteja a los ciudadanos y envíe al mundo el mensaje correcto.
No castiguen al sol. Déjenlo brillar para todos.
El autor es ingeniero químico con 10 años de experiencia en energía solar.
