Debemos comprender que Panamá se encuentra en una región tectónicamente activa, lo que exige transformar de manera radical la relación que mantenemos con nuestro entorno y nuestras edificaciones. El reciente sismo no debe registrarse en las estadísticas del país como una tragedia más o una simple cifra de daños; debe consolidarse como un punto de inflexión para redefinir el ordenamiento territorial, revisar las normativas de construcción, fortalecer la gestión integral del riesgo y cultivar la preparación ciudadana ante desastres naturales.
En primer lugar, el comportamiento de las estructuras durante la reciente sacudida puso en evidencia las severas deudas en materia de planificación territorial y cumplimiento normativo. Si bien el Reglamento Estructural de Panamá (REP) contempla exigencias de diseño sismorresistente, la proliferación de construcciones informales, las ampliaciones no supervisadas en barriadas y la falta de auditorías periódicas en edificios de cierta antigüedad representan una bomba de tiempo. La ingeniería y la arquitectura modernas ofrecen hoy soluciones avanzadas, desde aisladores de base y disipadores de energía hasta refuerzos con fibra de carbono, pero de nada sirven si la fiscalización y el control de calidad de los materiales de construcción continúan siendo vulnerables. Actualizar el reglamento estructural no es suficiente; resulta indispensable implementar inspecciones obligatorias y certificar la seguridad estructural de hospitales, escuelas, puentes y vías de comunicación vitales.
Más allá de la infraestructura física, el componente humano constituye uno de los factores más determinantes durante y después de un sismo. La reacción de una persona debe ser inmediata, pero también serena y guiada por los conocimientos adquiridos en materia de seguridad, pues, en medio del pánico, un solo paso en falso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No basta con contar con estructuras resistentes si la población desconoce cómo actuar durante la sacudida. Saber agacharse, cubrirse y sujetarse, no salir corriendo al primer movimiento, mantener la calma en espacios concurridos y evitar evacuaciones precipitadas por escaleras o el uso de ascensores mientras el suelo se mueve son conductas que deben practicarse hasta incorporarlas.
Asimismo, la preparación individual y familiar implica contar con un plan de emergencia claro, una mochila con suministros básicos y puntos de encuentro preestablecidos. Así se puede transformar la vulnerabilidad del momento en una respuesta colectiva organizada y resiliente.
Por otro lado, los efectos secundarios descritos por la ciencia geológica, como la pérdida de firmeza del suelo y los deslizamientos de tierra en zonas montañosas, imponen una revisión rigurosa del ordenamiento territorial. El crecimiento urbano sin control hacia laderas inestables o terrenos ganados al mar debe frenarse mediante normativas estrictas. Las autoridades locales deben delimitar claramente las zonas no urbanizables y reubicar de forma progresiva a las poblaciones expuestas a altos niveles de amenaza geológica.
La inversión en estudios geológicos y geotécnicos y en mapas de riesgo a nivel de corregimiento ya no es un lujo académico, sino una herramienta indispensable para orientar la inversión pública y privada con criterios de sostenibilidad, resiliencia y seguridad.
Finalmente, el fortalecimiento técnico y financiero de organismos como el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) es un imperativo de Estado. Dotar a estas instituciones, según sus competencias, de estaciones sísmicas de última generación, sistemas de alerta temprana de tsunamis y equipos especializados de rescate urbano contribuirá a una respuesta rápida, eficaz y oportuna.
La actividad tectónica de la región continuará más allá de esta emergencia. El movimiento del suelo es inevitable; el riesgo de desastre, en cambio, puede reducirse. Comprender nuestra realidad geológica nos exige pasar del temor a la acción coordinada, transformando la vulnerabilidad del istmo en un modelo de resiliencia, preparación y conciencia colectiva para las futuras generaciones.
El autor es arquitecto y especialista en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible.
