Un fondo de compensación “no es un aumento”, defendió la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien justificó un privilegio que permitiría a ciertos jueces y magistrados retirarse con hasta el 100% de su último salario. Hoy, en pleno contexto de tensiones fiscales, desempleo, déficit y miles de panameños luchando por subsistir, reducir ese privilegio solo para algunos no atenúa el problema: la medida sigue siendo desigual y profundamente contraria al sentir ciudadano.
La CSJ decidió, en una sesión extraordinaria el 12 de agosto de 2025, suspender la compensación de retiro solo para los nueve magistrados del pleno, manteniéndola para jueces y magistrados de tribunales superiores, de circuito y municipales. Esta decisión, aunque parcial, sigue favoreciendo a una parte del sistema judicial con un beneficio que el resto de la ciudadanía no recibe.
Cuando organizaciones como Apede y Conep califican la medida como “imprudente”, “desconectada de la realidad” y “éticamente cuestionable”, y el contralor advierte que “ganan 20 veces más que el panameño de a pie”, la disconformidad ciudadana es obvia. ¿Pero acaso cambiar unas categorías por otras —mantener el fondo para unos y eliminarlo para otros— resuelve la fractura? Muy por el contrario, expone una división dentro del propio sistema judicial.
Guillermo Cortés, vocero de los jubilados, calificó el privilegio como una “sinvergüenzura”, frente a pensiones que apenas alcanzan algunos cientos de balboas. ¿Es tan descabellado pensar que una magistrada —que insiste en que “no es un aumento”— haya perdido conexión con la realidad del panameño promedio? ¿O que aún crea que el Estado debe servir principalmente a su propio bienestar?
Más preocupante aún es que esta decisión refuerza una división social que el país creía superada. Ya no se trata de silver roll y gold roll de antaño, sino de panameños con certificación de privilegios y otros que quedan al margen, separados por acceso —o no— a fondos públicos especiales.
La pregunta sigue siendo clara: ¿No todos los panameños merecemos una jubilación digna al culminar nuestra vida laboral? Si estos beneficios son justificables para algunos jueces, ¿por qué no existe un sistema equitativo suficiente para todos aquellos que han servido con honradez y solo aspiran a un retiro decente? La justicia social no puede ser selectiva ni administrarse como un club privado.
En una sociedad que se precia de democrática, el bienestar no puede ser patrimonio exclusivo de una élite. Sin un sistema verdaderamente equitativo que garantice seguridad y dignidad para todos, seguiremos cultivando una fractura social peligrosa: la de quienes viven resguardados en castas protegidas... y la de quienes sobreviven sin ellas.
La historia enseña que ningún país prospera sobre cimientos de desigualdad institucionalizada. Ajustar un acuerdo para unos pocos no repara el daño. El desafío real es construir un sistema dignificador para todos, más allá de decretos y compasiones parciales. Solo así avanzaremos hacia una sociedad más justa, donde el retiro digno no sea un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos.
El autor es máster en administración industrial y está certificado en IA generativa.
