ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

De delatores, sapos y otras yerbas

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De delatores, sapos y otras yerbas

Emulando a otros países, Panamá aprobó la Ley 4 de 2017, que creó la figura de la delación premiada como herramienta efectiva en la lucha contra la corrupción. La referida ley, que se aplica a casos anteriores a la vigencia del sistema penal acusatorio, entró en vigor el 17 de febrero de 2017, fecha de su promulgación. El Código Procesal Penal desarrolla esa figura en su artículo 220. En la parte pertinente (Art. 24) la ley establece: “El Ministerio Público y el imputado en compañía de su defensor podrán realizar acuerdos de penas o colaboración, a partir de la diligencia que ordena la indagatoria y antes de la celebración de la audiencia ordinaria”. El acuerdo presupone “la aceptación del imputado de los hechos de la resolución de indagatoria, o parte de ellos, así como de la pena a imponer”, y obliga al acusado a colaborar para el esclarecimiento del delito. Durante la discusión del proyecto, la figura del delator fue desprestigiada por algunos comunicadores que lo confundieron con el “sapo”, peyorativo para el antiguo “informante, ya sea de la policía o de autoridades, que se infiltra en el grupo que desea obtener información”. Este era el típico cliente frecuente de cafeterías, infiltrado en grupos que solía reportar a organismos de inteligencia actividades “sospechosas” de adversarios políticos.

Lejos de esa connotación peyorativa, el delator, informante o soplón (whistleblower) tiene gran relevancia, no solo en la persecución del delito de cuello blanco, sino en identificar a funcionarios y empresarios que infringen normas penales y de ética y conducta. Por su importancia en la lucha contra la corrupción, se les da protección y hasta se fijan incentivos cuando su acción lleva a recuperar activos públicos o privados. De reciente data en Hispanoamérica, la figura del informante es reconocida y protegida desde hace muchos años en países anglosajones. En Estados Unidos (EU) la figura se remonta a más de 150 años, según el estudio de Norm Shane Todd y Carla Oliver, An international perspective of whistleblowing (Perspectiva internacional de la delación). Pero no es hasta la década de 1970 que se le brinda protección al informante, mediante la Ley de Reforma al Servicio Civil de 1978 y en 1989 con la Ley de Protección al Informante. En 2010, el gobierno de Barack Obama introdujo reformas para proteger a los inversionistas en lo que se conoció como la Ley Dodd-Frank, en honor a sus gestores, los congresistas Chris Dodd y Barney Frank. Además de crear un programa de incentivos económicos, esta ley prohíbe explícitamente apelar a represalias contra quienes denuncien prácticas ilegales o antiéticas, tanto en el gobierno como en el sector privado.

La historia registra roles clave desempeñados por delatores como Daniel Ellsberg, en la década de 1970, al develar en los Papeles del Pentágono la forma sistemática como les mintió el presidente Lyndon Johnson al Congreso y al pueblo de EU sobre la guerra de Vietnam; el agente del FBI Mark Felt, “garganta profunda”, quien fue instrumental en la investigación periodística que impulsó la renuncia en 1974 del presidente de EU Richard Nixon, y el oficial de policía Frank Serpico, quien denunció la corrupción en la Policía de Nueva York en la década de 1970.

Entre delatores recientes que merecen mención por haber cumplido con su deber, figura Eric Ben-Artzi, quien, siendo oficial de riesgo del Deutsche Bank, descubrió que se proporcionaba datos inflados sobre derivados a la Comisión de Valores (SEC) de EU. Ben-Artzi agotó gestiones internas para que se corrigiera una práctica que afectaba a sus clientes, pero terminó despedido. Entonces puso el caso en conocimiento de la SEC y, concluida la investigación, se penalizó al banco, pero Ben-Artzi rechazó el incentivo de $8.25 millones bajo el principio de que ese dinero pertenecía a quienes habían sido esquilmados. En cambio, otros dos informantes de la SEC sí aceptaron recompensas.

En mayo de 2017, el blog de la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero reportó haber otorgado sendos premios de 4 millones de dólares y 500 mil dólares a informantes cuyas denuncias llevaron a la SEC a detectar empresas que violaban la ley. En suma, hasta entonces, esa agencia había pagado unos 154 millones a delatores. Los denunciantes reciben premios que oscilan entre el 10% y 15% de la cuantía recuperada o de la multa cuando la información lleve a establecer violaciones a la ley.

En Panamá, la figura del delator se aplica desde hace años, con éxito, en el Canal; ahí no hay más premio que la reserva de identidad y la satisfacción del deber cumplido. Aprobada la Ley 4, el Ministerio Público cuenta con una valiosa herramienta para fortalecer sus casos, y evitar que en el Órgano Judicial –donde se concentra la corrupción, como indica el estudio Controles y descontroles de la corrupción judicial, de la Fundación para el Debido Proceso Legal– algunos jueces sigan favoreciendo la impunidad.

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