A tres años y dos meses de esta administración, todo capital político y capacidad de gestión administrativa parecen agotados y tras el cierre, el mes pasado, del período de inscripción de precandidatos por libre postulación, el país entero está volcado, no a los 22 meses de gestión que faltan, sino a las elecciones de mayo 2024, es decir, al único mecanismo funcional de nuestro imperfecto modelo: la democracia electoral.
Si algo ha revelado la crisis nacional que continúa ante las promesas incumplidas (y al parecer incumplibles) de parte del gobierno nacional a las demandas de la mesa de diálogo, es que la democracia institucional del país es inoperante: ni los mecanismos de balances y contrapesos entre los tres poderes del Estado están funcionando ni las instituciones de control, como la Contraloría, están cumpliendo su rol de fiscalización.
Añadiendo a este contexto complejo de falta de gobernabilidad, la crisis fiscal en puerta con el agotamiento de fondos del programa Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social y haber duplicado la deuda pública internacional en los últimos tres años, sin rendición de cuentas claras de en qué se ha gastado. Necesitamos plantearnos, además, cómo trascendemos las múltiples secuelas políticas y de retrocesos democráticos que ha dejado la pandemia.
El país casi entero está de acuerdo en que la corrupción pública y privada es la causa principal de los problemas nacionales; esta ha generado el mal uso de los recursos públicos, la prestación de pésimos servicios públicos de salud, educación, vialidad, transporte e infraestructuras; incertidumbre judicial, y otros. Hemos normalizado en el país los esquemas clientelares del manejo de la planilla estatal como botín político, administración tras administración, sumado al encarecimiento de todos los productos básicos que los panameños pagamos a más altos precios que toda la región, con protecciones, incentivos y esquemas por sector económico, que no necesariamente obedecen a una estrategia nacional de desarrollo ni identifica fuentes alternas de ingreso fiscal.
La democracia electoral, a pesar de los efectos que la corrupción genera en los procesos electorales, por ejemplo, el financimiento de campañas y la captura de votantes a partir de esquemas clientelares, requiere un mínimo de libertades fundamentales (expresión, prensa, reunión, asociación), bases institucionales del Estado de derecho (independencia judicial, mecanismos de control) y la imparcialidad de la autoridad electoral. Aunque las instituciones sean imperfectas, nuestra sociedad no sea un modelo jeffersioniano y la legislación electoral vigente cree grandes asimetrías a favor de los partidos políticos en detrimento de los candidatos por la libre postulación, aún tenemos en Panamá los elementos mínimos para poder pelear efectivamente por nuestra democracia electoral. ¿Qué lo hacemos para ejercer el “voto castigo”? Vale. Pero lo hacemos.
En países con dictaduras entronizadas (Cuba, Venezuela, Nicaragua) no hay esos mínimos necesarios para la ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos. En Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Brasil, avanzan normativas para cerrar el espacio cívico de actuación ciudadana y mermar la libertad de expresión y de prensa, lo cual genera ese pesimismo ante la situación de la región: autoritarismos de izquierda o de derecha que destruyen las democracias desde el poder político.
La receta se replica: políticos oportunistas que corren sobre plataformas que atañen a la propia democracia la falta de “soluciones” a las necesidades de las personas, que se identifican como “outsiders” y/o “aliados del pueblo” (vengan o no de partidos políticos o de ciertos sectores económicos) y una vez llegan al poder, capturan las instituciones de control y se ensañan contra los medios de comunicación y los lideres de oposición, ya sean civiles o políticos. La insuficiencia de la sola democracia electoral en estas recetas autoritarias pasa por dos principios: legitimidad en las elecciones y, una vez elegidos, deslegitimidad en el estilo de gobierno con agendas anti Estado de derecho, encima acusando a quienes se les oponen de corruptos y neoliberales.
De cara al largo proceso electoral que enfrenta la sociedad panameña de hoy al 2024, hay dos lecciones que la región nos enseña: a mayor independencia del árbitro institucional electoral, mayores controles, y las libertades fundamentales y la institucionalidad hay que defenderlas. De ahí la importancia vital en la selección que haga la Corte Suprema de Justicia del o la nuevo (a) magistrado (a) del Tribunal Electoral; la credibilidad de la institución no soporta un improvisado operador de partido político más. Y aún más perentorio: que la ciudadanía ejerza su derecho al voto con sentido crítico, de exigencia, de revisión de la trayectoria de integridad y capacidad de los candidatos. Sobrepasar la mentalidad clientelar por parte del electorado.
La democracia electoral es indispensable pero insuficiente, si los que llegan a través del voto son incapaces de darle al país la vuelta de tuerca que requiere hacia la transparencia y el Estado de derecho, sería un giro hacia la pérdida de la democracia.
La autora es abogada y escritora.
