El odio mata y la historia nos muestra hasta dónde puede llevarnos cuando se instala como herramienta política. La Segunda Guerra Mundial es el ejemplo más claro en donde los discursos de odio institucionalizados desencadenaron uno de los mayores conflictos y genocidios en la humanidad.
Pero a pesar de que el fin de la guerra trajo consigo la creación de mecanismos multilaterales como medio para resolver conflictos, nunca llegó la paz absoluta. ¿Será que el hombre es violento por naturaleza o se hace violento con su entorno? Este debate filosófico ha sido sostenido por autores como Hobbes y Rousseau y no quisiéramos detenernos allí. Lo cierto es que hoy vivimos una escalada de violencia en la política.
Desde el 2009, el mundo ha estado volviéndose cada vez más violento, según datos del programa de Datos de Conflicto de la Universidad de Uppsala en Suecia. El índice de ACLED (que en inglés es Datos de ubicación y eventos de conflictos armados) indica un aumento del 25% en incidencias de violencia política en el 2024.
En Europa ha habido un notable regreso del auge de discursos xenófobos y de discriminación generalizada hacia colectivos supuestamente minoritarios, proponiendo cerrar fronteras, ilegalizar las migraciones y someter a la región a un proceso de regresión en materia de derechos que pensabamos que habíamos conquistado.
América Latina no está exenta. Casos como el apuñalamiento del entonces candidato y luego presidente brasileño Jair Bolsonaro, en 2018, el atentado contra la ex presidenta argentina Cristina Férnandez de Kirchner, en 2022 y la lamentable muerte del senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe durante este año, son ejemplos concretos y recientes de que las democracias siguen estando bajo prueba y que la violencia continúa formando parte de los panoramas políticos.
Mientras las causas penales avanzan en estos países junto con los bulos y teorías conspirativas difundidas en las redes sociales, el mundo requiere urgentemente del fortalecimiento de los espacios democráticos. Y aunque pudiera parecer una medida abstracta, esto se traduce en asambleas comunitarias que acerquen a los vecinos a las decisiones que los afectan, en consultas públicas vinculantes que recojan de forma real la voz ciudadana, en presupuestos participativos que permitan a la comunidad decidir en qué se invierte el dinero público, en veedurías ciudadanas para fiscalizar a las autoridades, y en foros abiertos donde la pluralidad de ideas pueda debatirse sin miedo ni censura. Estos espacios ayudarán a canalizar las demandas de la población y los reclamos en torno a sus autoridades o adversarios políticos.
Definitivamente esto no constituirá la panacea. Necesitamos de un sistema de justicia imparcial que garantice que todos los actos de violencia en la política sean esclarecidos en tiempo oportuno y donde se condenen a los culpables. Además, instituciones como las defensorías del pueblo podrían constituirse como un observatorio para el monitoreo del discurso de odio tal como lo realiza el Dangerous Speech Project, como una forma de prevenir la violencia en la política.
Si nos enfocamos en trabajar en los espacios de participación pública, en consolidar una justicia imparcial y reconocemos la pluralidad como un principio de toda democracia, disminuimos la violencia en la política.
Debemos comenzar hoy. Aún estamos a tiempo de vivir con más empatía.
Los autores son abogado y economista, respectivamente.
