Este año las Naciones Unidas lanzó una campaña para reflexionar sobre la importancia permanente de todos y cada uno de los artículos que componen la Declaración de los Derechos Humanos y hace un llamado especial a defender la equidad, la justicia y la dignidad de las personas. Las dos primeras las he abordado en publicaciones previas y, como sabemos nuestra situación nacional se caracteriza por una gran desigualdad y una justicia cuyas acciones han dependido de los intereses del mandatario de turno y el partido político en el poder.
Me referiré a continuación al estado de la educación en nuestro país, pues el ciudadano educado integralmente tiene la capacidad para hacerle frente de forma inteligente a los desmanes de nuestros gobernantes de los últimos lustros. Es un derecho fundamental para la dignidad y buena vida de las personas, especialmente de las poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad. Constituye por tanto la mejor vacuna contra la desigualdad, las injusticias, la corrupción. Si este derecho no está garantizado de forma efectiva, jamás seremos libres para alcanzar el país que queremos.
Aunque el Gobierno afirma que la educación en Panamá ha tenido importantes avances en las últimas décadas, especialmente en el acceso y la cobertura en todos los niveles de enseñanza; los alumnos, padres y muchos maestros y profesores manifiestan que el sistema educativo público carece de suficientes entornos favorables de aprendizaje que utilicen metodologías innovadoras y enfoques participativos, que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas para la vida, el desarrollo de la ciudadanía democrática y la inserción laboral.
En ese sentido informe del Diálogo del Compromiso Nacional por la Educación, identifica importantes desafíos para el sistema educativo. Cito los que consideré más relevantes por incidir directamente en la capacidad para formar a los hombres y mujeres que necesitamos: “a pesar de los incentivos creados, el acceso a la educación preescolar, premedia y media aún no llega a todos; 35% de los estudiantes de sexto grado tiene logros educativos deficientes; el acceso a la tecnología es reducido y muchas escuelas tienen limitaciones tanto en sus infraestructuras como en los servicios básicos, por lo que no pueden ofrecer una educación de calidad; la brecha entre las zonas urbanas e indígenas es muy grande y muy pocos jóvenes indígenas logran cursar la educación media; en términos generales, el porcentaje de jóvenes que culmina la secundaria es poco y sus posibilidades de insertarse en el mundo del trabajo son menores que si obtienen títulos técnicos superiores o universitarios”.
Estos datos permiten señalar que un reto educativo crucial para Panamá es la permanencia y finalización de los niños y jóvenes en la educación premedia y media, así como su posterior ingreso a la universidad. La sostenibilidad del desarrollo del país en el mediano y largo plazo se verá seriamente amenazada por la falta de recurso humano calificado si no se incrementan los niveles de finalización de la educación media, particularmente en las zonas rurales e indígenas.
Corroborando esta realidad el PEN Panamá 2030 reconoce que “los problemas educativos de Panamá se centran en una alta desigualdad.
El 30% más pobre de los panameños tiene aproximadamente nueve años menos de escolaridad si lo comparamos con los años que en este mismo renglón tiene el 10% más rico. Esta situación, se agrava más aún cuando la educación que recibe ese 30% es de baja calidad”. Mucho tiene que ver con que este año 40 mil estudiantes fracasaron y requerirán del PRAE. Además, menos del 50% de los egresados de colegios públicos logran pasar los exámenes de ingreso a la universidad, por lo que especialistas en el tema plantean la necesidad de equiparar la calidad de la educación que se imparte en el sistema público con la del sistema privado.
Para fortalecer nuestro sistema educativo la Mesa de Diálogo Compromiso Nacional por la Educación, entregó recientemente al presidente Varela un documento que contiene las políticas públicas y líneas de acción dirigidas a garantizar: el acceso a una educación con calidad y equidad educativa; la formación de los educadores que necesitamos, el fortalecimiento de la gestión de la educación y la inversión necesaria.
Por su parte, el PEN Panamá 2030 propone dos estrategias: Educación inclusiva, pertinente, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y; gestión educativa, toma de decisiones y resultados en la investigación e información que garantice y promueva el ejercicio efectivo del acceso a una educación de calidad como derecho humano fundamental.
Le toca ahora al Ejecutivo demostrar su compromiso, brindando el efectivo apoyo político, estratégico, técnico y financiero a los lineamientos enunciados en ambas propuestas, eliminando de raíz la injerencia de los intereses políticos y económicos y gremiales; favoreciendo una gestión educativa estratégica, efectiva, transparente y enfocada en la equidad.
El autor es ciudadano
