La reciente sustentación presupuestaria de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (Senadap) en la Asamblea Nacional derivó en una discusión que desbordó los salarios, las partidas y la calidad del gasto público. La facultad fiscalizadora de los diputados es necesaria en un sistema democrático basado en contrapesos institucionales, pero cuando termina cuestionando la existencia misma de la entidad y de la política pública dirigida a una población históricamente discriminada, nos encontramos ante un asunto de justicia y derechos humanos.

Durante la sesión, el diputado Jhonathan Vega sostuvo que “Panamá es un crisol de razas” y preguntó si la existencia de Senadap implicaría crear instituciones semejantes para otros grupos étnicos; mientras que el diputado José Pérez Barboni cuestionó su autonomía y concluyó que los afropanameños no se sentían representados por la institución. Las preguntas que se hicieron a Senadap sobre proyectos, indicadores y resultados merecen ser debatidas, sin embargo, una sustentación presupuestaria deficiente no demuestra que el problema público que una institución debe atender haya dejado de existir.

Aquí conviene distinguir la igualdad formal de la igualdad real o sustancial. Que a todas las personas se les reconozcan jurídicamente los mismos derechos no significa que todas encuentren las mismas posibilidades para ejercerlos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que el derecho a la igualdad obliga a los Estados tanto a eliminar desigualdades de trato arbitrarias como a crear las condiciones materiales y eliminar barreras para que diversos grupos históricamente excluidos -como mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas y población afrodescendiente, entre otros- tengan la misma posibilidad de ejercer de manera efectiva sus derechos. Por eso reconoce la legitimidad de medidas especiales y políticas específicas frente a desigualdades estructurales.

Las políticas para la igualdad intentan remover estas barreras adicionales. Una rampa para una persona con discapacidad, una política contra la violencia de género o una estrategia de salud intercultural buscan hacerla efectiva y no constituyen privilegios especiales. Lo mismo ocurre cuando una política pública incorpora la variable étnico-racial para identificar y corregir desventajas que una política aparentemente neutral no puede ver.

La idea del “crisol de razas” forma parte de una poderosa narrativa nacional, una bella metáfora sobre convivencia que no sustituye la evidencia sobre la discriminación en nuestro país. Organismos regionales han documentado que el racismo opera estructuralmente, manifestándose en el acceso a educación, empleo, salud, justicia, representación y reconocimiento cultural, incluso sin que medie una voluntad explícitamente racista.

También es necesario recordar que la institucionalidad afropanameña no nació en vísperas de la última elección, teniendo hitos como la creación del Consejo Nacional de la Etnia Negra en 2007, la posterior Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños y, finalmente, la Ley 379 de 2023, que otorgó autonomía a Senadap. Existe además un Plan Maestro Nacional de Desarrollo para la Población Afropanameña (2022-2030).

Panamá, de hecho, ha sido observado fuera de nuestras fronteras por este desarrollo institucional. Un estudio publicado en 2025 por el Departamento de Acceso a Derechos de la OEA señaló que el país ha dado pasos significativos y se ha consolidado como un referente centroamericano en políticas públicas específicas para la población afrodescendiente.

Desde luego, el avance institucional exige tanto recursos adecuados como mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Este es el equilibrio que precisamos. Defender la necesidad de Senadap no contradice el derecho ciudadano a exigirle resultados, transparencia, indicadores y un uso adecuado de los recursos públicos; así como la crítica no debe negar la discriminación estructural ni desmontar la institucionalidad creada para enfrentarla.

El desafío más difícil consiste en aprender a reconocer que la desigualdad también habita en nuestros imaginarios, en aquello que creemos normal, en las barreras que no vemos porque nunca tuvimos que enfrentarlas y en la facilidad con que confundimos nuestros propios privilegios con la experiencia de todos. La igualdad comienza, precisamente, cuando dejamos de suponer que todos partimos del mismo lugar.

El autor es docente universitario, investigador, gestor cultural.