La revoltura que se está generando entre las funciones propias del Estado, el funcionamiento diario de la sociedad y las creencias religiosas, debe preocupar a quienes creemos en una sociedad laica, abierta a todas las creencias y basada en los principios universales de respeto entre ciudadanos.
La Declaración universal de los derechos humanos, consigna en su artículo 18 que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestarla, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.
Todos podemos tener -o no tener- una religión, y no ser perseguidos por ello. Pero, como todo derecho implica un deber complementario, también hay que comprender que, tener el derecho de profesar una creencia, nos obliga a reconocer que no tenemos el derecho a imponerla a los demás.
Sin ir más lejos, hace un par de semanas hubo una actividad evangélica en Colón, donde estuvo invitado el Senafront. Si estuvieran para resguardar la seguridad, no tendría nada malo. Pero la cuenta institucional de Twitter de quienes tienen como función proteger nuestra integridad fronteriza, se pasó enviando mensajes religiosos sobre los beneficios y bondades que recibirán quienes crean en Dios, en cualquiera de sus tres presentaciones. Igualmente, la Policía suele enviar mensajes religiosos, que no tienen nada que ver con la función de la institución. No hay problema que tengan capellanes o pastores, para dar apoyo espiritual a sus miembros. Lo incorrecto es que los canales de comunicación oficiales sean usados para proselitismo, sea político o religioso. Quienes me conocen, saben que respeto las creencias individuales de cada quien, siempre y cuando no me las quieran imponer. Esa invasión de rezos, rosarios, prédicas y demás demostraciones de fe religiosa, constituyen lo mismo que si los ateos y agnósticos pusiéramos anuncios como: “Dejen la rezadera. El cielo y el infierno no existen y están perdiendo el tiempo”. Y ese anuncio estaría respaldado por nuestro derecho a la libertad de opinión y expresión, que está consignada en el artículo 19 de la misma declaración de derechos.
Y encima, la presión religiosa que la sociedad ha ido aceptando calladamente durante muchos años, ahora se personifica en el odio contra la comunidad Lgtbi. Hace unos días circulaba por redes una petición de firmas bajo el argumento de “mis impuestos no pagan fiesta gay”. La razón: que el INAC anunció que iluminará su sede con los colores de la bandera Lgbti durante el mes de junio. Lo increíble es que esta pataleta surja en el mismo país que está invirtiendo millones de dólares en una megamisa que quién sabe en qué terminará.
Por favor, tengamos presente que, como decía Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno, es la paz…”.
El autor es cardiólogo