El Órgano Judicial es una fábrica de decisiones, denominación acuñada por el magistrado Olmedo Arrocha, encargado de gestionar el proyecto de modernización del sistema. La institución es presidida por la magistrada María Eugenia López.
Ella y sus colegas del pleno de la Corte encabezan la jornada de rendición de cuentas, llamada IV Congreso de Administración de Justicia.
Los expedientes judiciales son de carácter reservado, y los jueces de todas las instancias gozan de independencia. Fuera del expediente, todo lo demás puede ser de dominio público. Entre estos aspectos se encuentran los temas administrativos, presupuestarios y las políticas de acceso público, que forman parte del control y la fiscalización externa.
¿Por qué en la Constitución y la ley no se determina un porcentaje del presupuesto nacional que sea dedicado al ámbito judicial? Y así se evitaría el deprimente espectáculo en el que dirigentes de ese órgano del Estado se ven obligados a mendigarle al MEF o a la Asamblea Nacional la dotación anual de los recursos necesarios para actuar.
Esta puesta en escena judicial es anual, aunque debiera ser más frecuente, con congresillos cada cierto tiempo. Busca generar confianza en un mundo cada vez más conflictivo, en el que la corrupción reina en toda la fisonomía y anatomía de nuestro Estado, con la infiltración creciente del crimen organizado.
López y Arrocha se refieren a los avances, atrasos y aspiraciones en tecnología y cómo obtener madurez digital. ¿Dónde se ubica la madurez digital de este órgano del Estado? Hay un rezago y es lento, aunque ya es posible encontrar expedientes en línea, como la banca en línea.
Se presenta una información valiosa: ya languidece el anacrónico sistema inquisitivo y está por empoderarse, de manera casi total, el sistema acusatorio, que data de menos de una década.
Justicia tardía no es justicia. ¿Cómo está la mora judicial en esta época? Es una preocupación frecuente de la sociedad y de los operadores de justicia. La presidenta anuncia que aminoran decisiones pendientes gracias a los sistemas de descarga de expedientes acumulados.
El congreso se desarrolla en un momento en que existen nubarrones desde determinado sector legislativo que prefiere una justicia maniatada y que no oculta su vena filolatrocida. La Corte Suprema busca buenas compañías para encontrar buenas prácticas. Se reafirman alianzas internacionales con la participación en los esfuerzos regionales conjuntos. A través de la presidenta López, Panamá ostenta en este periodo, hasta el 2025, la presidencia de los poderes judiciales de Centroamérica y el Caribe, que tienen como norte reforzar la independencia y la equidad.
La capacitación de los funcionarios ocupa un lugar especial, incluso en temáticas para vencer el estrés, y en cursos que cuentan con acreditación universitaria. Este mundo judicial tiene su propia terminología, su lenguaje particular. La palabra “saneamiento”, que la relaciono con saneamiento de veredas, de quebradas, de ríos o saneamiento de la bahía, en este mundo significa que un expediente no está completo y hay que esforzarse para que todos los cabos estén atados. Es el saneamiento de expedientes.
El autor es docente, periodista y filólogo.
