En Panamá, persisten barreras que afectan la calidad de vida y la seguridad de las personas LGBTIQ+. Las personas LGBTIQ+ enfrentan desafíos específicos que representan un riesgo para su salud mental debido a que experimentan estresores sociales, crónicos distintos y particulares debido a sus identidades estigmatizadas, las cuales son producto de la discriminación y prejuicio social.
Diversos autores evidencian factores de riesgo específicos para las personas sexualmente diversas, en donde figuran la discriminación legal (falta de leyes que protejan los derechos de las personas LGBTIQ+), exclusión, acoso, falta de servicios de salud inclusiva o negación de estos por motivos de orientación sexual e identidad de género y las prácticas de conversión.
Un claro ejemplo de estos desafíos se refleja en la imposibilidad que enfrentan las parejas del mismo sexo en Panamá para formalizar cualquier tipo de unión legalmente reconocida. La evidencia disponible demuestra que las personas LGBTIQ+ experimentan beneficios psicológicos significativos cuando se encuentran en una relación legalmente reconocida, ya sea mediante el matrimonio entre personas del mismo sexo u otras formas de uniones legalmente reconocidas, como uniones civiles o parejas de hecho registradas. Estos beneficios psicológicos pueden atribuirse tanto a ventajas económicas tangibles, como el acceso a seguros médicos, como a una mayor sensación de estabilidad en la relación derivada del reconocimiento legal del compromiso matrimonial. Además, se han evidenciado efectos positivos relacionados con la intimidad, la cercanía, así como un incremento en el respaldo emocional y la autoestima, subrayando la importancia del reconocimiento legal en el bienestar psicológico de las personas LGBTIQ+.
Entre otros desafíos que experimentan, se encuentran arraigadas las prácticas de conversión, intervenciones utilizadas con la intención de cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. Este fenómeno se manifiesta de manera particular en el caso de individuos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Dichas prácticas, más allá de carecer de fundamentos científicos, pueden desencadenar malestar psicológico y problemas significativos de salud mental, subrayando así las consecuencias perjudiciales de la discriminación y la persecución basadas en la orientación sexual e identidad de género.
A pesar de este panorama, es lamentable observar que Panamá carece de una política pública consolidada, leyes o reglamentos específicos que reconozcan y protejan los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+. Este vacío legal se vuelve aún más crítico a la luz de la evidencia científica disponible, que subraya la realidad preocupante que enfrentan las personas LGBTIQ+ a nivel de salud mental.
La sensibilización, la educación y la implementación de políticas inclusivas son pasos cruciales para crear un entorno más seguro y equitativo para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
La autora es asistente de investigación en Fundación Iguales.
