El reciente proyecto de ley aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, que concede un 25% de descuento en la prima de seguros de autos a los conductores que no registren accidentes durante un año, ha despertado tanto aplausos como cuestionamientos. A simple vista, la medida parece positiva, pues busca premiar la buena conducta en el manejo y aliviar el bolsillo de los conductores responsables. Sin embargo, el trasfondo del mercado asegurador revela que la decisión está lejos de ser sencilla.
Un premio al buen conductor
Para los ciudadanos, la medida representa un incentivo directo para conducir con prudencia. Además de aligerar el costo de mantener un vehículo al ofrecer un descuento en la póliza de seguro, procura impulsar una cultura de prevención y responsabilidad. En un país donde, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), se registraron 24,200 siniestros entre enero y junio de 2025 —un aumento del 1.4% respecto al mismo periodo de 2024—, toda política pública que busque reducir los accidentes de tránsito merece atención.
El otro lado de la moneda: las aseguradoras
No obstante, las compañías de seguros no son simples “ganadoras” de un negocio que los conductores pagan, pero pocas veces utilizan. Su funcionamiento descansa en un principio fundamental: los análisis actuariales. Estos permiten calcular riesgos y fijar primas de forma que el negocio sea sostenible.
Imponer por ley un descuento fijo, sin considerar las variables de riesgo de cada asegurado, trastoca ese delicado equilibrio. Para mantener la viabilidad financiera, las aseguradoras podrían responder con incrementos en las primas base, trasladando el costo al mercado en general. Como consecuencia, quienes tengan siniestros, sin distinción de buenos o malos conductores, así como los nuevos asegurados, podrían terminar pagando más para compensar el beneficio otorgado a los “buenos conductores”.
Además, existe el riesgo de que la medida reduzca la competencia en el sector. Aseguradoras pequeñas o con márgenes estrechos podrían verse incapaces de absorber el impacto del descuento, lo que favorecería la concentración en unas pocas empresas de mayor tamaño.
Impacto en el mercado y en la política pública
La iniciativa refleja un dilema clásico en la regulación económica: ¿cómo equilibrar la protección al consumidor con la sostenibilidad del mercado? Aunque bien intencionada, la medida ignora que el seguro no es un simple producto de consumo, sino un contrato de transferencia de riesgos. Al fijar por ley descuentos obligatorios, se limita la flexibilidad técnica con la que las aseguradoras manejan sus carteras.
Un posible efecto no deseado es la disminución de incentivos para innovar en productos más personalizados. Paradójicamente, mientras en otros países se avanza hacia seguros dinámicos ajustados al comportamiento real del conductor, en Panamá la norma podría homogenizar el mercado en detrimento de esas innovaciones.
¿Beneficio inmediato o problema a futuro?
En conclusión, la medida tiene un atractivo social inmediato al premiar a los conductores responsables y enviar un mensaje de seguridad vial. Sin embargo, sin un análisis profundo del mercado asegurador puede generar distorsiones con efectos adversos a mediano y largo plazo.
Ahora, el proyecto aprobado en tercer debate se encuentra en manos del Ejecutivo. Será el presidente de la República quien decida sancionar o vetar la norma. Esta decisión no solo marcará un precedente en materia de política pública, sino también en el futuro del mercado asegurador panameño. Lo cierto es que, aunque popular, la medida plantea un dilema que trasciende la simple idea de un “premio”, ya que trastoca los cimientos de la industria de seguros en Panamá.
El autor es abogado.
