La decisión del presidente Nicolás Maduro de declarar con carácter indefinido un estado de excepción y emergencia que suspende garantías constitucionales –y en la práctica le da carta blanca para ejercer un gobierno autoritario– constituye una gravísima violación de las mínimas normas democráticas. Y sitúa peligrosamente a Venezuela al borde de una confrontación social de consecuencias impredecibles, quizá trágicas.
El recurso al ejército, con una convocatoria de movilización y maniobras militares de carácter excepcional previstas para el próximo sábado, es el último y preocupante paso de un mandatario que ha perdido el favor de la mayoría del pueblo, tal y como quedó expresado en las legislativas del pasado 6 de diciembre con el rotundo éxito obtenido por la oposición. Un triunfo que, en un primer momento, Maduro trató de no reconocer para, después de hacerlo –forzado por el ejército–, negar sistemáticamente la legitimidad a la Asamblea.
La burda apelación a una fantasmagórica intervención militar extranjera en Venezuela como excusa para institucionalizar definitivamente el autoritarismo no hace sino confirmar los peores pronósticos. Maduro y su círculo no están dispuestos a aceptar legalidad alguna –ni siquiera la instaurada por el propio Hugo Chávez– que les pueda apartar del poder. Por mucho que lo repita el mandatario, ni nadie va a invadir su país, ni hay “guerra económica” alguna contra Venezuela. Lo que sí existe es una desastrosa gestión que está convirtiendo a un país rico en recursos en un Estado fallido en el que no faltan ni la represión política ni el aislacionismo suicida.
La gran diferencia entre Maduro y la oposición democrática es que mientras la segunda respeta la legalidad, él la cumple según se ajuste o no a sus intereses. La oposición, conforme a la ley, aprobó el 29 de marzo en la Asamblea una Ley de Amnistía para liberar a los presos políticos (los hay en Venezuela, aunque algunos no quieran enterarse, entre otros, Leopoldo López, exalcalde de Chacao y encarcelado en régimen de aislamiento desde hace más de dos años en una prisión militar). Maduro utilizó al Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, para desactivar la medida. Posteriormente, la Mesa de la Unidad Democrática puso en marcha uno de los mecanismos instaurados por el fallecido Chávez como símbolo de transparencia en su proyecto bolivariano para Venezuela: el referéndum revocatorio. El 2 de mayo la oposición entregó a la Comisión Nacional Electoral nueve veces más firmas de las necesarias para convocar a una votación que decida si Maduro debe abandonar el poder. Pero el estado de excepción decretado por Maduro deja en el aire todo el proceso.
En lugar de haber cedido a los llamamientos que desde dentro y fuera del país le animaban a entablar un diálogo sincero con la oposición para facilitar una transición democrática, Maduro ha radicalizado cada vez más su régimen, impasible ante la miseria material que viven los venezolanos. La oposición tiene ahora la difícil tarea de no caer en la trampa del enfrentamiento que busca el régimen para justificar su anacrónica pervivencia.