En el debate público panameño se ha vuelto habitual opinar, cuestionar e incluso decidir sin el respaldo mínimo de información técnica verificable. Este fenómeno no solo empobrece la discusión democrática, sino que genera consecuencias reales cuando la desinformación —o la información incompleta— se traduce en actuaciones oficiales. En un Estado de derecho, ninguna decisión pública debería sustentarse en percepciones, explicaciones parciales o argumentos carentes de criterios técnicos competentes.
La desinformación suele asociarse a rumores en redes sociales o a titulares sacados de contexto. Sin embargo, su impacto es mucho más grave cuando proviene de autoridades y se convierte en acción concreta. En esos casos, el daño no es solo comunicacional: es institucional, social y, en ocasiones, irreversible.
Un ejemplo reciente que ilustra este problema es la decisión adoptada por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, de ordenar el derribo del monumento dedicado a la comunidad china en el distrito. La medida fue justificada públicamente bajo el argumento de que la estructura se encontraba deteriorada y representaba un riesgo para la ciudadanía. No obstante, hasta el momento, dicho señalamiento no ha sido respaldado por estudios técnicos, informes estructurales ni pronunciamientos de autoridad competente que avalen esa conclusión.
Informar de manera incompleta también es una forma de desinformar. Cuando se omite el sustento técnico de una decisión, se priva a la ciudadanía del derecho a comprender por qué se adopta una medida tan extrema como la demolición de un monumento. En estos casos, la explicación oficial no solo resulta insuficiente, sino que abre espacio a la desconfianza y al cuestionamiento legítimo.
El argumento del “riesgo a la seguridad” pierde aún más fuerza cuando se contrasta con precedentes ampliamente conocidos. En Panamá existen estructuras históricas de mayor antigüedad y complejidad, como la Torre de Panamá Viejo, que han sido objeto de evaluaciones técnicas, procesos de restauración y medidas de conservación, precisamente para proteger tanto a la ciudadanía como al patrimonio histórico. Esa ha sido la ruta institucional correcta: estudiar, intervenir y preservar, no destruir sin respaldo técnico.
Cuando una autoridad actúa sin estudios ni documentación verificable, el problema deja de ser una obra puntual y se convierte en una señal preocupante sobre la forma en que se ejerce el poder. La gestión pública no puede basarse en criterios discrecionales ni en explicaciones posteriores desvinculadas de la evidencia.
El daño causado por este tipo de decisiones no se limita al aspecto físico del monumento. Se afecta la memoria colectiva, se hiere el reconocimiento a una comunidad que ha sido parte del desarrollo del país y se debilita la confianza ciudadana en las instituciones locales. Ese daño no se revierte con comunicados tardíos ni con justificaciones genéricas.
En una democracia funcional, la crítica ciudadana debe estar informada, pero la actuación de las autoridades debe estar aún más respaldada. La transparencia, la información técnica y el respeto a los procedimientos no son formalidades: son obligaciones inherentes al ejercicio del cargo público.
Por ello, cuando una acción oficial carece de sustento técnico y produce un daño irreversible, no basta con pasar la página. En un Estado de derecho, toda actuación pública debe ser explicable, verificable y, de ser el caso, sujeta a responsabilidades. No por ánimo de confrontación, sino por respeto a la institucionalidad y a la ciudadanía.
Porque opinar sin datos debilita el debate. Pero decidir sin datos compromete seriamente la confianza pública.
El autor es estratega en tecnología, innovación y transformación digital.
