En asuntos que comprometen la seguridad de las personas y de las edificaciones, la libertad de opinar no sustituye la obligación de verificar. Una cosa es preguntar, cuestionar o investigar, funciones legítimas del comunicador social, y otra muy distinta es presentar hipótesis, interpretaciones o apreciaciones como si fueran hechos técnicamente establecidos.
Cuando quien comunica profesionalmente conoce el alcance de su palabra, su responsabilidad es mayor. La desinformación también ocurre cuando se escogen fuentes sin la competencia técnica correspondiente, se mezclan conceptos distintos, se omite el contexto normativo o se conduce al público hacia conclusiones que todavía no han sido demostradas.
Por ello debemos reaccionar con firmeza cuando determinadas comunicaciones afectan injustamente a profesionales, gremios e instituciones técnico-jurídicas. Muchos de quienes participan en estas entidades aportan, incluso ad honorem, tiempo, conocimiento y experiencia para mejorar la seguridad, la calidad y el ejercicio responsable de la construcción. Defender la profesión no significa impedir la crítica; significa exigir que se fundamente en hechos comprobables, normas correctamente interpretadas y criterios técnicamente competentes.
En relación con el reciente incidente de Bijao, he escuchado entrevistas y comentarios difundidos por periodistas y comunicadores, incluyendo intervenciones con otros invitados. Mi objeción no se dirige al derecho de expresar opiniones. Debemos cuestionar que las opiniones de personas que no intervienen como peritos ni como profesionales idóneos responsables de la especialidad puedan ser recibidas por la audiencia como conclusiones técnicas sobre causas, obligaciones normativas o responsabilidades.
Debe distinguirse con claridad entre opinión, interpretación jurídica, información preliminar y criterio técnico especializado. Ser comunicador, abogado o profesional de otra disciplina no habilita, por sí solo, para diseñar, inspeccionar, certificar o dictaminar técnicamente sobre instalaciones de gas. Tampoco impide preguntar u opinar; obliga, eso sí, a identificar correctamente el alcance de cada intervención.
También es incorrecto atribuir un accidente a la antigüedad de una norma simplemente porque existe una edición posterior. Una actualización normativa no demuestra que la edición legalmente adoptada haya causado un siniestro. Para sostenerlo habría que identificar qué disposición cambió, demostrar que era aplicable al hecho investigado y explicar técnicamente cómo su aplicación habría evitado el evento. Sin ese análisis, estamos ante una hipótesis, no ante una conclusión técnica.
Igualmente, no deben confundirse procedimientos diferentes. Una prueba de hermeticidad, la verificación de una instalación, la corrección de observaciones, la gasificación o purga de una red y su puesta en servicio son etapas distintas, con objetivos, participantes y responsabilidades específicas. Que un procedimiento anteceda a un accidente no demuestra que lo haya causado: la secuencia temporal no equivale a causalidad.
Mientras no exista una conclusión pericial definitiva de la autoridad competente, es improcedente presentar como causa demostrada aquello que continúa bajo investigación. Si posteriormente se determinan fallas de procedimiento, incumplimientos, deficiencias de fiscalización o normas que deban revisarse, habrá que corregir, actualizar y, cuando corresponda, establecer responsabilidades. Defender la profesión nunca debe significar defender errores; significa defender el rigor con que deben identificarse y corregirse.
Por ello hago un llamado a todo comunicador responsable que desee abordar estos temas: acudan a las fuentes primarias, consulten las normas completas, distingan los diferentes procesos técnicos, entrevisten a profesionales idóneos en la especialidad y contrasten sus afirmaciones con la información oficial. Preguntar con rigor fortalece al periodismo; presentar como certeza lo que no ha sido demostrado lo debilita.
Podríamos rebatir una por una las afirmaciones que considero incorrectas o técnicamente imprecisas en las entrevistas y apariciones de estos periodistas. Ese no es el punto principal. Lo importante es defender un principio: cuando están en juego la seguridad pública, la reputación de profesionales y la credibilidad de las instituciones, la sociedad merece información sustentada, contextualizada y responsable.
La profesión debe aceptar el escrutinio público, pero no permanecer indiferente ante la desinformación. Tenemos la obligación de explicar, enseñar y corregir con datos, normas y argumentos técnicos. Esa también es una forma de servir a la sociedad.
El autor es arquitecto, diseñador, constructor y consultor de calidad y seguridad para obras de construcción.
