El caos vehicular es uno de los principales problemas de la ciudad capital, San Miguelito y Panamá Oeste. Es una deuda con la población, pero que está muy lejos de corregirse y que va más allá del estrés y las incomodidades que esta situación ocasiona. De hecho, varios estudios de la Cepal indican que el caos y el desorden en las ciudades como Panamá afectan la salud mental de las personas, ocasionando situaciones que elevan los niveles de ansiedad y estrés.
De acuerdo con el estudio del Banco Mundial sobre la movilidad urbana en la capital, los principales cuellos de botella del transporte público tienen correlación con los siguientes aspectos: Panamá es uno de los países más urbanizados de Centro América; la expansión espacial hacia la periferia y los desarrollos de extrema densidad puntual en zonas céntricas dificultan la provisión de servicios urbanos; la ciudad viene sufriendo de un alto crecimiento de la motorización; Panamá presenta altos niveles de congestión vehicular a lo largo de los corredores principales, tanto longitudinales como transversales, con velocidades vehiculares medias en la hora pico de la mañana de 18 km/h y en hora pico de la tarde de 16 km/h.
No existe una falta de oferta de estacionamiento, sino que la mayoría del estacionamiento se encuentra en manos del sector privado, que en su conjunto representa aproximadamente 15 mil 900 espacios (78% de la oferta); la ciudad presenta un sesgo muy significativo en materia de espacio urbano que favorece al automóvil y penaliza al desplazamiento a pie; los desplazamientos a pie casi desaparecen al no ser atractivos ni promovidos, y la ciudad necesita y se adapta al vehículo.
Estas circunstancias en su conjunto se convierten en un círculo vicioso. ¿Cómo resolver este caos? No es fácil su solución, pero hay que tomar medidas urgentes, como: carriles exclusivos para el transporte público; regulación y restricción de la circulación de vehículos; mejoramiento de la red vial; reorganización e integración del sistema Metro, Mi Bus y rutas alimentadoras; adoptar una política de ‘cero tolerancia’ a las violaciones de tránsito; normar la construcción de viviendas, oficina y centros comerciales en función de la capacidad de carga de las calles de la ciudad.
La situación requiere de acción colectiva del Gobierno, el sector privado y la sociedad civil para asegurar beneficios sociales, económicos y ambientales para todos.
La autora es estudiante de maestría de UIP