Panamá goza hoy día de una democracia ininterrumpida y asociada a un crecimiento económico sostenido. Pero ese sistema de oportunidades e igualdades ante la ley no se ve reflejado en muchas minorías discriminadas dentro de nuestro territorio. Este mes de julio marca el aniversario de la despenalización de la sodomía, cuando en 2008 la administración de Martín Torrijos eliminaba ese tipo penal, lo que nos hizo el último país hispanoparlante del hemisferio en despenalizarla. Esta semana también Fundación Iguales, un proyecto liderado por jóvenes profesionales que creemos en la igualdad, sin ningún tipo de discriminación, cumple un año de vida legal. Entonces podemos hacer la premisa de que en nuestro país al menos hemos avanzado con poder las personas Lgtbi aspirar a tener un espacio en el diálogo, donde se nos respete nuestra libertad de asociación. Esto contrasta grandemente con los años de espera y negación de personerías jurídicas de muchas organizaciones de la diversidad sexual en el pasado. Así hoy también los medios de comunicación, en respeto a la libertad de la información, nos permiten espacios de diálogo, lo que potencia nuestra libertad de expresión. El grave problema actual es que las personas Lgbti no somos reales sujetos de derecho.
No hay una política pública que nos incluya como un grupo con necesidades, y algunos líderes políticos nos utilizan como chivo expiatorio, apelando a la falta de educación en el tema y el miedo para movilizar masas conservadoras y asegurar votos. Si bien la democracia se basa en la voluntad de las mayorías, también incluye como premisa cardinal la protección de las minorías y grupos vulnerables. Los derechos humanos han progresivamente evolucionado al reconocer una serie de derechos a las personas Lgtbi, y Panamá como país parte de los sistemas internacionales está en la obligación de adecuar su ordenamiento jurídico para cumplir estos principios.
Nuestra Corte Suprema de Justicia no decide el futuro de tres matrimonios entre personas del mismo sexo que desean ser reconocidos en Panamá, ignorando la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reiterado que es vinculante el reconocimiento a la institución del matrimonio civil y la identidad de género. Hay una directa correlación entre políticas inclusivas y desarrollo; si Panamá desea consolidar su democracia y justamente salvarla de los graves avatares existentes, debe ser prioridad proteger a todos sus ciudadanos. Brindarles las mejores oportunidades de desarrollo personal, por lo que la no discriminación y la igualdad ante la ley son deudas claras e innegables de nuestro sistema político. Y esa deuda se convierte en mora por el incumplimiento de los convenios y acuerdos internacionales que protegen a dichas poblaciones, los cuales han sido firmados pero todavía no debidamente aplicados o bien ratificados por Panamá. Cumplamos con el preámbulo de nuestra Constitución y garanticemos la libertad en democracia para todos, donde realmente se exalte la dignidad humana y se promueva la justicia social de todos los que habitamos su territorio. Seamos ejemplo para el mundo de un país donde nuestra diversidad nos hace especiales y competitivos, y reclamemos una verdadera y justa democracia para todos.
El autor es abogado