Estamos asistiendo en el país a una larga obra de teatro, que aparenta ser comedia negra pero en realidad es tragedia, por vía de una Asamblea Nacional que hace gestiones inexplicables e incompatibles con las tres funciones que le son propias: la representación de la ciudadanía, la creación de leyes que sirvan al desarrollo nacional y ser el órgano de control y fiscalización de los otros poderes del Estado.
¿Cómo pueden justificarse los aparentes sinsentidos aprobados en el presupuesto general del Estado para el período fiscal de 2023? La asignación a la Asamblea de un presupuesto de $143.9 millones, concretamente $81 millones más de lo que ya recibía en el presupuesto de 2019, al inicio de esta administración. Sigue la tónica general de un presupuesto nacional en aumento (amén de la duplicación del endeudamiento internacional del país).
El presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023 será de $27,579,449,552, según la la ley sancionada por el Ejecutivo el pasado 14 de noviembre. Es tentandor el argumento de que el presupuesto de la Asamblea Nacional representa una fracción del mismo, pero no es viable en una gestión gubernamental que ha rotos sus propias promesas hechas durante la explosión social de julio y agosto: contención, mejor uso de los recursos públicos, dismunición de planillas. Hay un elemento que no puede ser pasado por alto: el uso que los diputados dan a esos enormes fondos públicos y la inequidad que presuntamente pueden generar frente al próximo torneo electoral.
La realidad es que los diputados, además de las prebendas ya conocidas, tienen la potestad de seguir nombrando funcionarios y manejando planillas de operadores políticos en las comunidades, los llamados gestores deportivos o culturales, y también tienen la posibilidad de seguir contratando asesorías, cuyos resultados no tienen rigurosa rendición de cuentas. En sus comunidades electorales, pueden seguir operando dando “apoyos” (bautizados bajo varios eufemismos), en acciones que suplantan (o usurpan) las de las autoridades locales y comunitarias.
El posible uso de fondos públicos para estas actividades genera una asimetría básica al momento de la contienda electoral. Máxime que en una campaña relativamente corta, ¿cómo puede un candidato independiente o de partido que no haya estado todo el año 2023 presente con dádivas o articulando “ayudas” en la comunidad, competir de forma justa?
La parte de comedia negra es que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el esquema ingeniado desde la Asamblea en 2014/2015 para otorgar “donaciones”, el famoso cash-back denunciado por el reportaje de La Prensa en su serie titulada “Dudosa filantropía desde la Asamblea Nacional”. En nuevas versiones, con otros nombres y esquemas, los/las diputados/as parecen seguir otorgando auxilios que corresponden a otras autoridades, ministerios y demás. Y tratándose de dos administraciones distintas, es obvio que es una práctica política partidista que rebasa términos electorales.
Las asimetrías diseñadas para que los candidatos de libre postulación tengan un camino muy, muy difícil, comenzaron con el término inapelable de registro de solo 60 días, cerrado el pasado 31 de julio, que les impedirá a quienes se registraron la posibilidad de crear alianzas con partidos políticos. Las asimetrías económicas se profundizan, por supuesto, en los casos de diputados que busquen la reelección.
Duele, además, el argumento cumbre de la chabacanería política: que con el manejo discrecional de fondos ayudan a la población y con eso cumplen su deber de representación del electorado. Duele cuando al Instituto Gorgas, verdadera fuente de ayuda durante la pandemia de la covid-19 y tantas otras instancias, le han recortado el presupuesto para el 2023.
Frente a este presupuesto millonario aprobado para la Asamblea Nacional en el 2023, resultará interesante ver el cumplimiento en la práctica de los diputados y funcionarios de la Asamblea de la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, que regula situaciones de conflictos de interés en la función pública, promulgada el mismo día en Gaceta Oficial y que tiene seis meses de vacatio legis, por lo que la obligación de presentar declaraciones juradas de intereses particulares se hace efectiva a partir del 19 de febrero de 2023.
Después de varios años de empantamiento, esta ley -promovida por la bancada independiente-, es aprobada en tres días por la bancada PRD en medio de la explosión social, detonada por la tristemente célebre fiesta de diputados con el lujoso whisky Macallan, supuesta fina cortesía de fondos públicos. La Ley 316 era una valiosa rama de oliva que le decía a la ciudadanía: ”escuchamos tu reclamo”. Sin embargo, la realidad del presupuesto autoaprobado parece señalar lo contrario.
Como ciudadanos, debemos movernos a exigir a todos nuestros funcionarios, especialmente a los diputados, por su triple rol, probidad en el servicio público. Comencemos por exigir rendición de cuentas sobre el presupuesto de la institución y que presenten sus declaraciones de intereses. Por algo hay que empezar.
La autora es escritora y abogada.
