Mientras la ciudadanía paga impuestos en cada transacción —desde la compra de un vehículo usado hasta el pago de servicios básicos—, un grupo de diputados sigue disfrutando de beneficios fiscales que, aunque legales, son moralmente cuestionables. En el último año, 19 legisladores importaron 20 vehículos, varios de ellos de lujo, sin pagar un solo centavo en impuestos, amparados por una prerrogativa que data de hace más de tres décadas. El costo para el Estado: más de 208 mil dólares en exoneraciones.
La Constitución panameña es clara: no hay fueros ni privilegios. Pero esa frase, tan contundente como esperanzadora, parece haberse quedado en un eslogan. En la práctica, las normas internas de la Asamblea Nacional otorgan ventajas que colocan a los diputados por encima del resto de los ciudadanos. Poco importa que sean disposiciones anacrónicas o contrarias a principios democráticos básicos como la equidad y la transparencia: lo relevante es que existen, y quienes ocupan una curul no dudan en aprovecharlas.
Es cierto: la normativa permite a los diputados importar hasta dos vehículos exonerados de impuestos durante su quinquenio. Pero el problema va más allá del tecnicismo legal. Se trata de una desconexión alarmante con la realidad nacional. ¿Cómo justificar que, mientras miles de panameños apenas logran cubrir sus necesidades básicas, representantes electos se beneficien con exoneraciones de hasta 21 mil dólares para adquirir camionetas de lujo o, incluso, un Porsche?
La respuesta más común es: “la ley lo permite”. Y sí, lo permite. Pero que algo sea legal no lo convierte automáticamente en legítimo. El verdadero escándalo no es la existencia de estas exoneraciones, sino que los diputados, con pleno conocimiento de su origen cuestionable, decidan utilizarlas sin asomo de vergüenza. Se burlan de sus votantes a plena luz del día.
Más grave aún es que este comportamiento no distingue ideologías ni partidos. Los beneficiarios provienen de casi todas las bancadas: del PRD al Panameñismo, de Cambio Democrático a Realizando Metas. Incluso diputados suplentes que apenas pisan el pleno se acogen a este beneficio, como si la sola cercanía al poder bastara para entrar en el club del privilegio. Una prueba más de que, una vez dentro del sistema, las diferencias partidarias se diluyen ante la conveniencia compartida.
Y aunque algunos diputados de libre postulación no figuran en los registros de exoneraciones, la omisión no equivale a un cambio estructural. Todo indica que ni siquiera la llamada “bancada independiente” tiene, por ahora, la fuerza suficiente para modificar las reglas del juego.
Si el órgano legislativo no se reforma desde adentro, será la ciudadanía quien deba encontrar nuevas formas de presión institucional, política y social. La indignación no puede limitarse a la queja momentánea en redes sociales: debe traducirse en acciones concretas que dignifiquen el uso de los recursos públicos, blinden las instituciones contra el abuso y devuelvan la representación popular a su propósito original: servir y no servirse.
El uso de estas exoneraciones es apenas una muestra —dolorosa y simbólica— de un sistema que protege a quienes deberían protegernos. Mientras no se corrija, cada vehículo exonerado seguirá siendo un recordatorio rodante de cómo el poder en Panamá continúa siendo, demasiadas veces, un privilegio más que una responsabilidad.
El autor es máster en administración industrial.
