CAJA DE SEGURO SOCIAL

Una directiva inoperante

Una directiva inoperante
Una directiva inoperante


La Caja de Seguro Social (CSS) fue creada 76 años atrás (1941), como una amplia red de protección social en materia de salud y pensiones de vejez, al servicio del pueblo panameño. Administrada inicialmente con corrección y probidad, no transcurrió mucho tiempo antes de que los politiqueros advirtieran su potencial como fuente de financiamiento barato para cubrir el déficit presupuestario, como espacio político para premiar a seguidores y como fuente inagotable de negociados, chanchullos y corruptelas.

Aunque ya en la década de 1960 se denunciaban manejos poco transparentes en esa entidad, el artífice de su transformación en un foco de corrupción fue el régimen militar. Para ello, la dictadura puso en la dirección general a servidores incondicionales del tirano de turno y relajó los controles financieros y auditorías tendientes a garantizar un manejo cabal de los recursos de la Caja.

Uno de los peores zarpazos propinados por la tiranía fue el desfalco del Programa Colectivo de Viviendas (1980-1982). Los hallazgos del millonario peculado incluyeron cuantiosos desvíos de dinero de los asegurados a favor del partido de los cuarteles (PRD).

Defenestrada la dictadura, el nuevo gobierno dejó intacto el aparato corrupto y corruptor proveniente de la tiranía. A partir de 1994, el PRD creó en la Caja un espacio político para la emergente figura de Ricardo Martinelli, lo que apuntaló la rosca heredada de la dictadura. Martinelli entró en conflicto con diversos sectores hasta que fue despedido, pero los problemas del Seguro Social continuaron agravándose.

El gobierno de Mireya Moscoso intentó rescatar la Caja, nombrando en la dirección a un conocido economista de izquierda, pero el proyecto no rindió los frutos esperados y el director fue destituido. Fue reemplazado por el subdirector Rolando Villalaz, un jurista destacado quien, en su corto período al frente de la entidad (2003-2004), hizo lo posible por mejorar las condiciones administrativas.

Durante la administración de Martín Torrijos se reformó el sistema de pensiones y se autorizó la colocación de fondos de la Caja en la banca privada (lo que antes estaba prohibido para evitar posibles pérdidas). Nada se hizo por mejorar los controles financieros y las auditorías, así como por adecentar la junta directiva, que ha continuado siendo el eje de la ineptitud y la corrupción prevalecientes.

He allí un gran problema de la Caja de Seguro Social: la politización y lumpenización de su directiva, características que al gobierno le parecen maravillosas y dignas de replicar. El Órgano Ejecutivo debería remover a sus miembros por incapacidad para cumplir sus funciones, conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Caja, pues ni orientan ni vigilan el buen funcionamiento de la entidad, como les corresponde hacerlo en virtud del artículo 28 del mismo instrumento.

Gastos excesivos, aumento de planillas, nombramiento de funcionarios no calificados, escándalos de corrupción, pésimamente mala atención al asegurado y lamentables casos de negligencia (como el envenenamiento masivo con dietileneglicol y la infección con la bacteria KPC), son los rasgos sobresalientes de la Caja en tiempos recientes, a ciencia y paciencia del Gobierno Nacional, la junta directiva y la dirección general.

En estos momentos de grave crisis institucional, en que peligra el sistema de pensiones y la provisión de servicios de salud es desastrosa, hace falta un liderazgo probo y comprobado, que no sea parte de la rosca de intereses. Sin embargo, la junta directiva nuevamente ha realizado un amañado proceso de selección.

Fuera de la lista de seis finalistas para la terna quedó, naturalmente, el candidato más calificado, quien tendría voluntad y disposición para sanear la administración de la entidad. Dentro de la lista quedaron, por supuesto, individuos vinculados a sectores interesados en seguir expoliando la Caja.

Contra esta sinrazón se ha presentado una advertencia de ilegalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en contubernio con la Corte, la junta directiva pretende seguir adelante con la designación de la terna que remitirá al Órgano Ejecutivo.

Entretanto, el Ejecutivo tolera estas maniobras sin percatarse del enorme descrédito que le producen sus desatinadas actuaciones. Contribuye así el gobierno panameñista a seguir hundiendo en el pantano de la corrupción la obra cumbre del Dr. Arnulfo Arias Madrid, iniciador de la corriente política que supuestamente profesan los gobernantes de turno.