Según el diccionario de la Real Academia Española, discriminar es: “Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc.”
Así, entendemos que la desigualdad es la ruptura de la homogeneidad de un conjunto, pero también el reconocimiento y validación de su existencia. Los hombres y mujeres no son un grupo homogéneo; sin embargo, padecen de una patológica necesidad por pertenecer a algo que los identifique: ricos y pobres, altos y bajos, feos y bonitos, creyentes y paganos. Este fuerte deseo colectivo por diferenciarnos nos ha llevado a discriminar a lo largo de la historia, valiéndonos de muchas herramientas, una de ellas: el derecho.
Discriminar es solo una palabra (llena de matices). Tal como existió discriminación en la Grecia y Roma antiguas al otorgar los derechos de ciudadanía, también ocurrió en la Edad Media hasta la Ilustración. Es en este punto de la historia donde la igualdad de los hombres se convierte en un imperativo de la justicia, y recordemos que, al menos en teoría, la justicia es hacia donde apunta la ley.
Hago un paréntesis aquí para recordar que, durante mucho tiempo, la ley estuvo unida a la moral, y la moral a las costumbres. La moral es colectiva y general, a diferencia de la ética. A lo que quiero llegar es que, si en una sociedad es moralmente aceptable (es costumbre) tener esclavos, subyugar a las mujeres o a los paganos, ignorar a los discapacitados, los enfermos y/o los ancianos, entonces esas conductas serán igualmente legales, o al menos toleradas por la ley. Si no lo cree, tome un libro de historia.
Ahora, la discriminación, per se, no es mala; es importante para el ejercicio del pensamiento lógico (y del sentido común, dirían algunos). Todos discriminamos a diario. Elegimos productos panameños sobre los extranjeros, elegimos los pañales de nuestros hijos, nuestra pasta dental o el menú del almuerzo. En última instancia, se trata de elegir en base a un criterio, aunque, claro, es crucial diferenciar el acto de ‘seleccionar’ o ‘elegir’, que realizamos todos los días, del acto de ‘discriminar’ en su acepción social, que implica vulnerar derechos.
Cuando hago una especial distinción en una ley entre grupos vulnerables para aumentar, reforzar o promover sus derechos, no lo hago con un criterio de exclusión; todo lo contrario, busco una mayor inclusión. Aquí estoy discriminando de forma positiva, pero a esto se le conoce como inclusión.
Reconocer la desigualdad existente por etnia, religión, afinidad política, género, discapacidad, escolaridad, edad, entre muchas otras, es aterrizar las leyes en nuestra particular realidad como nación. Es por esto que la CIDH recomienda abordar las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos, lo que equivale a brindar un tratamiento especial a grupos de personas que, por sus características particulares, no tendrán las mismas oportunidades para ejercer un derecho.
La inclusión es la piedra angular de un régimen justo. Mientras que la igualdad que pregonan algunos en este diario es un espejismo, un simulacro, una falacia escupida a la cara. Sin inclusión, la igualdad es plana y unidimensional, ajena a la realidad de la sociedad humana; es una carrera infinita donde fingimos que todos los corredores pueden ir a la misma velocidad, mientras nos tapamos los ojos para no ver que algunos se arrastran. El discurso libertario disfraza la individualidad de libertad y la mezquindad de la justicia. Al final, se felicitan entre ellos y se dan palmadas por ser oprimidos por un sistema del que también se benefician.
Cuando redactamos las leyes, es importante considerar que, si bien todas las personas son iguales ante la ley, no todas pueden acudir a ella en las mismas condiciones. Reconocer que algunos requieren más cuidado, normas especiales o una carga impositiva menor es llevar nuestro derecho hacia algo cercano a la justicia. Sí, estamos discriminando, pero en beneficio de otros que lo necesitan.
El autor es consultor en temas legales, parlamentarios y políticos.
