En síntesis, gobernar es ejercer el poder sobre personas y sus actividades en un área determinada. Tradicionalmente, los cuatro pilares del gobernar han sido la fuerza, la riqueza, la gente y las ideas. Hoy, prevalece la democracia, el gobierno del pueblo, el que se sustenta primordialmente en la gente. Pero sucede que no todos los habitantes pueden intervenir al unísono en tomar decisiones. De allí, la representación como mecanismo de participación indirecta.
Pero me impresiona la largueza con que grupos y hasta personas se arrogan la representación universal no solo de sus respectivas artes o profesiones, gremios o cofradías, sino de la sociedad en general y de los intereses nacionales en particular. Ciertamente los espacios vacíos tienden a llenarse, pero sorprende la facilidad con que las mayorías o las minorías verdaderamente representativas permiten que se ocupe su lugar.
Actualmente está en la palestra pública la propuesta de reformas constitucionales del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo que propone cambios profundos a la historia constitucional panameña, tales como la segunda vuelta, limitar la reelección de diputados y crear el tribunal constitucional; erigiéndose por demás en el ente que decidirá las listas de los candidatos a magistrados de ese tribunal y de la Corte Suprema y a la Contraloría y subcontraloría General de la República, de las que el Consejo de Gabinete y la Asamblea habrán necesariamente escoger; y aspirando, aparentemente, a que la misma sea aprobada in totum, a tambor batiente.
En el 2006, con ocasión del referéndum para la ampliación del Canal, surgió la aspiración de que los ingresos excedentes del Canal ampliado se destinaran real y efectivamente a financiar el desarrollo nacional. El entonces gobierno convocó a distintos sectores del quehacer nacional, que mediante diálogo eficaz y constructivo, acordaron “objetivos, métodos y estrategias” para procurar el desarrollo integral del país. Nació entonces la inquietud de medir el avance en la ejecución de lo acordado mediante un mecanismo de verificación y seguimiento, mecanismo este aprobado mediante la Ley 20 de 2008, que le atribuyó al Consejo servir como instancia de consulta ciudadana. Como suele suceder, el texto de la ley trascendió su espíritu, endilgándole otras funciones ajenas al propósito fundamental.
Conforman este Consejo 32 “representantes” distribuidos en 22 “representaciones” disímiles y dispares, más las que en el futuro coopte el propio Consejo. Así, de los profesionales solo están los abogados, economistas, ingenieros y arquitectos; de las etnias solo la negra. Estatutariamente fácil escoger los del Conep y Conato; no tanto los de las organizaciones “de promoción de desarrollo social”, “promoción de la democracia y los derechos humanos”, “juveniles”. Un solo representante por los 300 mil de los pueblos indígenas y uno por cada uno de los partidos políticos, que afilian al 52 % de los ciudadanos.
Con el respeto que me merecen sus integrantes, no me parece que el Consejo sea el vehículo adecuado para imponer reformas constitucionales, ya que no representa a las mayorías de sus propios entes ni hay proporcionalidad en las representaciones de cada ente.
Por ejemplo, el Colegio Nacional de Abogados que tuvo 2 mil 600 habilitados en sus últimas elecciones, en las que solo votaron mil 618 y en las que 725 eligieron al actual presidente, no es representativo de los más de 30 mil abogados idóneos. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que pregona alrededor de mil 700 miembros no es representativa de los más de 30 mil negocios con avisos de operación vigentes. Con 300 mil trabajadores sindicalizados en el país, Conato no es representativo de la fuerza laboral panameña de más de 2 millones.
Lejos estoy de sustentar que el Consejo ni sus miembros no puedan ni deban opinar, por el contrario, los escucho cumplidamente. Pero de ahí a que su voz sea la “voz del pueblo” hay mucho trecho.
También prolifera en la organización estatal un cuasi corporativismo fascista. Con la sana intención de facilitar la participación ciudadana se introducen en directivas y comisiones de entes estatales, con nombre y apellido, asociaciones y oenegés que, al margen de su buena o mala representatividad, mañana pueden no existir. Mientras tanto, la llamada sociedad civil, aupada por los medios de comunicación social, despotrica contra los partidos políticos, soslayando el que, gústenos o no, estos representan más fidedignamente la idiosincrasia de las mayorías. Oportuno me parece entonces reformar y robustecer coactivamente los partidos para que, en vez de meras maquinarias electorales, reverdezcan en ellos los principios ideológicos y aminore el clientelismo; replantear la representación apartidista; innovar y extender la participación ciudadana directa en lo que corresponda.
El autor es abogado