Apartándonos de la atronadora celebración del llamado fin de la guerra y de las críticas de la oposición que hierven en las redes sociales, es hora de ver con fría objetividad la nueva realidad que vive el país.
Razón de sobra tienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno para considerarse victoriosos con el cese bilateral del fuego y la aproximación a un acuerdo definitivo. Ciertamente, las FARC han logrado en los últimos 10 años, mediante su secreta estrategia política, más eficaz que la lucha armada, mover sus alfiles en la justicia y otros órganos neurálgicos del Estado, así como también en el ámbito sindical, en la prensa, en organizaciones de derechos humanos y en administraciones locales. Conscientes de su poder, se sentaron a la mesa en pie de igualdad con el Gobierno y consiguieron buena parte de sus exigencias.
De su lado, el presidente Juan Manuel Santos se ha salido con la suya. Como buen jugador de póquer, movió sus cartas sin reparo alguno, saltando sobre los principios y las limitaciones que impone la Constitución. No tuvo en cuenta las objeciones del procurador, de Álvaro Uribe y el Centro Democrático y de buena parte de la opinión pública. Buscó, a cualquier precio, el fin de la guerra con las FARC. Y lo logró.
La verdad es que, como lo he dicho ya, no podemos llorar sobre la leche derramada. Lo acordado hasta ahora es irreversible. Nadie quiere que las FARC vuelvan a sus oprobiosas andanzas: terrorismo, secuestros, reclutamiento de menores, atentados a los oleoductos, ataques a bases militares y toma de pueblos.
Ante esta nueva realidad, la oposición no puede tomar como eje de su lucha política la crítica a lo acordado. Desde luego, razón tiene de sobra para defender principios y oponerse, por ejemplo, a la impunidad para los autores de crímenes atroces. Mucho me temo que sus electores esperan más bien propuestas claras y definidas para hacer frente a los inmensos problemas que se nos vienen encima. La noble resistencia civil no basta. Desde ya, la oposición debe centrar su atención en las elecciones presidenciales de 2018.
Su hoja de ruta abarca todos los problemas que en aras de un acuerdo el presidente Santos no se ocupó de resolver. Ante todo, los que ensombrecen el posconflicto. La paz no es total. El Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y las bacrim (bandas criminales) serán las dueñas de los territorios donde operaban las FARC, y no van a renunciar ni al narcotráfico ni al terrorismo. Para combatirlas de manera efectiva, es necesario superar la lastimosa situación que padecen hoy nuestras Fuerzas Armadas.
En primer lugar, debe restituirse el fuero militar para evitar que una justicia infiltrada siga multiplicando amañados procesos. En segundo lugar, el Ejército no puede quedar relegado a cuidar las fronteras y los parques nacionales.
Como es incomprensible que los jefes de las FARC queden libres mientras que cientos de oficiales y soldados purguen injustas condenas, será indispensable que la llamada justicia transicional se ocupe debidamente de sus casos.
Otros muchos son los retos que debe asumir la oposición. Hay que meter mano a males tan funestos como una justicia politizada, una galopante corrupción, el clientelismo y, desde luego, la economía. Por cierto, en vez de imponer a los colombianos un desaforado torbellino de impuestos, será prioritario reducir el gasto público.
Ante el real peligro de que las zonas de concentración se conviertan en repúblicas independientes de las FARC y de que estas, con mucho dinero y la máscara de una izquierda renovadora, nos conduzcan hábilmente a un camino similar al de Venezuela, será preciso que el Centro Democrático encuentre fórmulas de acercamiento con los sectores no contaminados del Partido Conservador y de Cambio Radical para conjurar este peligro y representar una alternativa totalmente distinta a la del actual gobierno. No, no podemos quedar anclados en nobles reclamos y protestas.