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IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN

El doble tono de la Corte

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El doble tono de la Corte

A la usanza de los años de 1970, cuando con otros compañeros éramos dirigentes estudiantiles en plena dictadura militar, y hacíamos grafitis en las paredes reclamando libertades democráticas y justicia para los desaparecidos, hace unas semanas un nutrido grupo de conciudadanos protestó en las inmediaciones del palacio de justicia Gil Ponce, y rayó en una de sus paredes la frase: “Fuera los magistrados corruptos”. Al día siguiente, el magistrado Ayú Prado mandó a pintar la consigna de rebeldía ciudadana, pero los trabajadores de mantenimiento no encontraron pintura del mismo color, por lo que desde entonces el edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luce con un doble tono. Ese simbolismo fortuito refleja la dramática realidad de una nación que carece de un poder judicial independiente, imparcial y probo, y de un pueblo oprimido que reclama acabar con las serpientes y los monstruos que les niegan justicia y seguridad jurídica. Esas dos realidades se debaten, dialécticamente, en el escenario nacional, y hacen vislumbrar tempestades sociales terribles, como preludio al nuevo amanecer constitucional.

Mientras que en la ciudad capital hay despachos judiciales que son verdaderos “baños saunas” y, en las áreas comarcales, los “tribunales rancho” son monedas de curso legal corriente, los magistrados de la CSJ no dejan de hacer “turismo judicial”. La viajadera no tiene fin. Hasta agosto del presente año, los magistrados habían gastado casi un millón de dólares en viáticos. El Ministerio de Economía y Finanzas da cuenta de que lo engullido en viático refleja un 42% más de lo presupuestado. Lo más triste de esto es que, aparte de acumular millas, estos viajes son totalmente improductivos para el país.

En agosto de 2015, se aprobó la Ley 53, que regula la Carrera Judicial, que no ha sido implementada por la desidia del magistrado presidente de la CSJ y por la falta de los recursos presupuestarios. Dicha excerta legal derogó todas las normas del Código Judicial que hacían relación con los nombramientos, correcciones disciplinarias y sanciones a los jueces y magistrados. Esto significa que no existe ente para juzgar las faltas a la ética judicial, razón por la cual los jueces y los magistrados están sin ley ni orden, solo a merced de los caprichos de la cúpula judicial. Este régimen laboral, lógicamente, crea las condiciones objetivas para que impere la corruptela y la impunidad.

Los recientes fallos de la CSJ profundizan el desastre del poder judicial. Apelando al tecnicismo de la “falta de prueba idónea”, en los casos de gran corrupción, han pavimentado el camino para que transite libremente la vergonzosa impunidad de los poderosos. El argumento para no admitir la investigación es tan endeble, que los magistrados que salvaron sus votos indicaron que “la CSJ podía solicitar al MP las piezas que faltaban y admitir la causa”. Este esperpéntico escenario hace que nuestra CSJ se haya constituido en una vergüenza nacional. “Varios de sus integrantes se aferran a la defensa de los delincuentes de alto perfil, favoreciéndolos al encontrar una coma, un tecnicismo, una excusa o un disparate que impida que la justicia falle en derecho y se determine la inocencia o culpabilidad del proceso” ( La Prensa, 10-10-17, p.1A). Tal conciliábulo repugnante llega al extremo de que un magistrado fiscal, con respaldo del presidente de la CSJ, actúe al margen del procedimiento legal, invadiendo funciones del magistrado juez de garantías, a fin de provocar nulidades, con el evidente y aborrecible propósito de favorecer al expresidente Ricardo Martinelli. Esto quedó notoriamente retratado en el caso Impregilo.

Ha llegado la hora de que los istmeños entendamos que la infraestructura jurídica de la corrupción y de la precaria institucionalidad democrática se ubica en la Constitución Política, heredada de la dictadura militar y maquillada por los gobiernos posinvasión.

La redención nacional debe empezar por constituir una asamblea constituyente originaria que dé nacimiento a un nuevo pacto constitucional, promesa incumplida por el actual gobierno. Acabar con los “incestos jurídicos” y el doble tono que caracteriza a la CSJ solo se logrará barriendo con la Constitución de 1972 y sus reformas. Es un hecho manifiestamente notorio, que esa hora ha llegado.

El autor es ex fiscal auxiliar

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