La corrupción es un fantasma que se manifiesta en muchas partes, aunque no todos logran detectarla, especialmente donde la política controla decisiones relacionadas con actividades comerciales que mueven millones. La corrupción solo se hace visible en casos excepcionales y bajo ciertas administraciones, cuando un líder se atreve a denunciarla. Puede parecer esquiva y ágil, pero es tan cruel como quienes la practican en gran escala.
A las coimas no se les llama extorsión, y el blanqueo de capitales pasa por bancos donde “nadie se da cuenta”, a menos que los fondos salgan del país. Son juegos oscuros del poder que solo algunos entienden… a su manera. A pesar de que algunos confiesan, la “justicia” les devuelve una parte y los deja libres, como si nada hubiese pasado.
La justicia no alcanza a los políticos poderosos que nombran jueces y magistrados, ni a quienes deberían fiscalizarlos desde la Asamblea. Esta última, salvo contadas excepciones, no considera necesario legislar contra la corrupción. La mayoría ignora las necesidades reales del país, mientras cada gobierno facilita que miles de millones queden en manos de unos pocos, sin importar el destino del pueblo. Tanto es el descuido que varias administraciones han priorizado renombrar calles y dividir corregimientos, como si eso resolviera algo. El blanqueo de capitales y otros métodos de corrupción no han sido, ni remotamente, su prioridad.
Cada cinco años, Panamá genera aproximadamente 20 nuevos millonarios, surgidos de las filas políticas. Altos funcionarios logran resolver su vida financiera por su cercanía al poder. Algunos congelan dinero en neveras; otros, que comenzaron como asalariados, terminan como exitosos empresarios, gracias a la complicidad de un contralor que nunca encontró nada “viciado”.
Existen variantes insospechadas de enriquecimiento ilícito. Aparece una nueva clase de ricos que no se destacan por inventos ni descubrimientos, sino por su vínculo con el poder. Entre puertos de carga, concesiones mineras, las constructoras implicadas en escándalos como Odebrecht y otros proyectos millonarios, el país dejó de percibir –sin exagerar– al menos 2 mil millones de dólares. Medicamentos perdidos, compras amañadas y contratos hechos a la medida de empresas cercanas al poder. De todo ese dinero, no hemos recuperado ni el 0.005%. Nadie cumple condena seria. Quizás unos pocos enfrentan casa por cárcel o servicio comunitario… porque no tuvieron buenos padrinos. Lo más preocupante: varios regresan luego al poder, con las mismas mañas o peores, reelectos por su propia gente, repitiendo la historia sin que nadie aprenda nada.
El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica gobernó con humildad, y por eso es uno de los líderes más recordados y admirados de Latinoamérica. Su estilo sencillo, honesto y comprometido lo hizo un ejemplo a seguir. Muchos quisiéramos un presidente como él. Pero no está claro que lo dejemos actuar: tendrá enemigos gratuitos que harán todo por impedir que un político distinto rompa con los moldes que tanto convienen a los de siempre.
Nuestro sistema electoral tampoco ayuda. Permite la postulación simultánea a distintos cargos, la reelección indefinida y transiciones largas entre gobiernos, lo que obstaculiza el acceso a información clave y facilita la evasión de pruebas comprometedoras.
Percibo que la sociedad panameña ha sufrido una pérdida profunda de valores. Hoy, los nuevos “héroes” son altos funcionarios con historial de corrupción, que se presentan como esperanza para ciertos sectores. Contrario a los valores que nos enseñaron nuestros abuelos, ahora algunos defienden a quienes “robaron pero hicieron”, mientras atacan a quienes pedimos justicia. Influencers pagados manipulan narrativas para confundir, alabando a corruptos y desprestigiando a los que exigen transparencia.
Estos “valores” prefabricados —hechos de corrupción y maletines— han hecho perder la brújula de un país. Solo una ciudadanía informada y nuevos líderes con voluntad de cambio podrán recuperar a Panamá. La única salida es construir nuevos referentes con modelos de conducta ejemplar, ética pública y compromiso con el bien común.
El autor es psicólogo ocupacional.
