Una tragedia no solo derrumba paredes. También pone al descubierto cuánto vale la vida ajena en nuestras decisiones. Cuando una familia pierde su hogar, ¿la vemos como una cifra pendiente de atención o reconocemos a personas que necesitan seguridad, respeto y respuestas? La dignidad humana no desaparece entre los escombros. Lo que puede quebrarse es nuestra disposición a protegerla.

El terremoto del 9 de octubre dejó miles de viviendas afectadas y comunidades golpeadas en Los Santos, Herrera, Veraguas, Coclé y otras regiones, incluida la comarca Ngäbe-Buglé. Las estadísticas dimensionan los daños, pero no describen la angustia de quienes desconocen cuándo recuperarán un lugar seguro donde vivir. Sobrevivir no significa haber recuperado las condiciones para vivir dignamente.

¿Qué significa esperar para una madre con niños pequeños, sin agua potable ni condiciones adecuadas de higiene? ¿Cómo atiende una familia a un adulto mayor encamado, le administra medicamentos o lo protege de la lluvia? ¿Dónde descansa una persona en silla de ruedas si su alojamiento no permite movilizarse? Son necesidades distintas que exigen respuestas específicas. Lo que desde una oficina parece un plazo razonable puede representar otra noche de sufrimiento para quienes carecen de lo indispensable.

Desde las primeras horas, cuando aún persistían el miedo y la incertidumbre, ciudadanos, voluntarios, iglesias, organizaciones civiles, comerciantes y empresas salieron a ayudar. Compartieron alimentos, organizaron donaciones y ofrecieron sus recursos para aliviar necesidades inmediatas. Esa solidaridad merece reconocimiento porque demuestra cuánto puede hacer una sociedad cuando reconoce el dolor ajeno. Las instituciones públicas también emprendieron acciones; reconocerlas no impide examinar su oportunidad, coordinación y alcance.

La generosidad ciudadana no sustituye la responsabilidad del Estado. ¿De qué sirve anunciar toneladas de ayuda si una familia sigue sin recibir lo necesario? Importan la prontitud, la continuidad, la atención emocional, la privacidad y el trato respetuoso. Nadie debería sentir que, por haberlo perdido todo, también perdió el derecho a ser escuchado.

Hay otra realidad que reclama atención: los gobiernos locales. ¿Cómo puede sostener a toda una comunidad una institución que también necesita ser sostenida?

Las alcaldías y juntas comunales han sido, en la práctica, la caja menuda de sus comunidades: el recurso inmediato al que se acude cuando hay que trasladar a un enfermo, conseguir alimentos o asistir a un adulto mayor. Con presupuestos limitados intentan resolver necesidades cotidianas que no admiten espera. Conocen los caminos, los hogares aislados y las dificultades que pocas veces llegan a las oficinas nacionales.

Ahora esa caja menuda afronta una emergencia extraordinaria, mientras algunas instalaciones públicas también resultaron afectadas. Las necesidades se multiplicaron, pero no necesariamente sus recursos. ¿Cómo exigirles más sin darles los medios para responder? Cuando una institución pierde capacidad de servir, también se debilita la protección de quienes dependen de ella.

No podemos pedirles a los gobiernos locales que levanten a sus comunidades mientras los dejamos solos intentando levantarse a sí mismos.

El Gobierno central debe respaldarlos con urgencia. Los recursos deben llegar según la gravedad de los daños, mediante procedimientos extraordinarios legalmente autorizados, ágiles y transparentes. Una familia sin techo no puede ajustar su necesidad al calendario de un trámite.

Quienes administran, asignan y fiscalizan los fondos también deben orientar a las alcaldías y juntas comunales desde el principio: explicar qué documentos conservar, cómo registrar gastos y cómo rendir cuentas correctamente. La Contraloría General de la República y las entidades competentes, cada una dentro de sus funciones, deben facilitar esa orientación sin involucrarse en la administración. No basta con entregar dinero y después señalar errores que pudieron prevenirse. La emergencia exige agilidad, no improvisación; fiscalización, no parálisis. Rendir cuentas es indispensable, pero también lo es enseñar a hacerlo bien.

Tampoco todos los municipios y corregimientos tienen las mismas necesidades. Unos conservan sus instalaciones; otros enfrentan daños mayores y atienden poblaciones más vulnerables. ¿Sería justo asignar cantidades idénticas? La equidad exige evaluar pérdidas, servicios interrumpidos y capacidad de respuesta. Habrá comunidades hacia las cuales deba inclinarse más la balanza, no por privilegio, sino por necesidad comprobada.

Y esa balanza jamás debe inclinarse por el peso político de quien gobierna, sino por las necesidades de quienes esperan una respuesta.

No importa de qué partido sea un alcalde o representante, ni por quién votó una familia. El hambre, la enfermedad y la falta de techo no tienen afiliación política. Los recursos públicos pertenecen a todos y deben llegar sin favoritismos, con criterios transparentes y respeto por cada persona.

La reconstrucción también exige prudencia. En Isla Cañas, donde tantas familias han construido su patrimonio y arraigo durante generaciones, cualquier decisión sobre su futuro merece sensibilidad. Los estudios científicos deberán determinar las condiciones de seguridad de un posible retorno, considerando los derechos, la historia y el vínculo de sus habitantes con su tierra.

Escuelas, centros de salud y demás instituciones afectadas también necesitan recuperar su capacidad de servicio. El derecho a aprender y la necesidad de recibir atención médica no desaparecen porque un edificio esté dañado.

No se trata de desconocer los esfuerzos realizados ni la magnitud de la tragedia. Se trata de comprender que reconstruir es recuperar seguridad, proteger a quienes necesitan cuidados especiales y sostener a quienes sirven diariamente a sus comunidades. ¿Qué sentido tendría celebrar nuevos edificios si dejamos sin respaldo a las personas que dependen de ellos?

La dignidad humana se protege cuando una familia recibe atención sin tener que suplicarla, cuando un gobierno local encuentra respaldo para servir y cuando ninguna diferencia política se antepone al sufrimiento. No reside en los discursos, sino en las decisiones que devuelven seguridad, respeto y esperanza. Ahí debe estar nuestra respuesta a la pregunta: ¿dónde queda la dignidad humana?

La autora es educadora.