El terremoto del 9 de octubre nos volvió a poner frente a un espejo incómodo. Así como ocurrió cuando la covid-19 nos azotó, una emergencia nacional deja al descubierto lo débiles que son nuestras instituciones. Cambia la crisis, pero el diagnóstico se repite.

Durante la pandemia vimos hospitales sin capacidad de respuesta, compras improvisadas, cifras que no cuadraban, personal médico agotado y sin pagos, y decisiones que dependían más de la coyuntura política que de la evidencia. Hoy, con el sismo, vemos comunidades esperando ayuda, edificaciones dañadas, inspecciones de infraestructura que no llegan y un Estado que reacciona en lugar de prevenir. No son hechos aislados. Son la consecuencia de cómo se ha construido lo público.

Pero no nos engañemos: la crisis institucional no empezó con el terremoto. Ya existía, y una tragedia como esta solo la deja más expuesta. Según una encuesta de Gallup Panamá, el 47% de los hogares panameños no puede comer tres veces al día por falta de dinero. Ese dato no lo causó ningún sismo. Es el reflejo de un Estado que lleva años sin dar respuestas a su gente. Por eso debemos mirar el fondo del problema, que es mucho más agudo que cualquier emergencia.

La razón es sencilla y dolorosa: donde debería haber un técnico bien remunerado, hay un nombramiento político para cumplir con lealtades. Es el caso del ingeniero que debía revisar los planos, el especialista en gestión de riesgos, el epidemiólogo o el planificador. Esos cargos, que requieren conocimiento, experiencia y estabilidad, se reparten con demasiada frecuencia como premio de campaña. Y cuando llega la emergencia, el Estado no tiene a las personas que necesita en los lugares donde las necesita.

Esto no es casualidad. Quienes han gobernado lo han permitido. Se priorizan los nombramientos políticos, los presupuestos se enfocan en comprar lealtades en la Asamblea y los planes de Estado no se cumplen. Cada cinco años llega un nuevo gobierno, cambia a los equipos, desmonta lo que hizo el anterior y el país vuelve a empezar desde cero.

Imaginemos lo contrario. Imaginemos que las agrupaciones políticas se pusieran de acuerdo para llevar adelante una reforma educativa o un sistema nacional de gestión de riesgos como verdadero plan de Estado. Un plan que, llegue quien llegue, deba continuar y que solo pueda modificarse como producto de una evaluación seria de política pública.

Cambiar el paradigma de lo público exige tres compromisos concretos. Una carrera administrativa real, en la que los cargos técnicos se ganen por mérito y nadie pierda su puesto por no haber hecho campaña. Presupuestos ligados a resultados, porque cada balboa debe responder a metas medibles y no servir como moneda de cambio para asegurar votos en la Asamblea Nacional. Y planes de Estado blindados por ley, con evaluaciones independientes que determinen cuándo y cómo ajustarlos.

Nada de esto es imposible. Lo que falta no es conocimiento técnico, sino voluntad política para renunciar a ciertos privilegios: nombrar a los propios, repartir recursos a discreción y borrar lo que hizo el anterior. La política debe decidir el rumbo, pero son las instituciones las que garantizan que ese rumbo se mantenga.

La reconstrucción que hoy comienza será la primera prueba. Si los recursos se asignan con criterio político y las obras se reparten sin transparencia, habremos aprendido tan poco del terremoto como aprendimos de la pandemia.

Hasta que no cambiemos el paradigma público, seguiremos siendo débiles. Panamá merece instituciones que funcionen con independencia de quién gobierne, preparadas para la próxima crisis y no sorprendidas por ella.

Desde la Asamblea seguiré fiscalizando y exigiendo ese cambio, porque los panameños merecen un Estado que funcione para ellos y no para los intereses políticos o económicos.

El autor es diputado de la coalición Vamos en circuito 8-4, período 2024-2029.