La hipocresía de este Gobierno carece de límites. Del presidente de la República para abajo, todos se quejaban de la huelga de los docentes. Que si los jóvenes no recibían clases; que si saldrían mal preparados; que si perdían el año; que si la irresponsabilidad de los profesores, etc. Pero hoy me pregunto sobre el fondo de ese discurso, porque sobre la superficie, parecían sensatos.
Hay preocupación de que Panamá se quede sin profesionales competentes en el futuro —no muy lejano— pues la brecha académica se abre cada vez más respecto a las necesidades del mercado. Es tan poco lo que se valora al profesional de nuestras universidades que un médico recién graduado —después de años de estudios y sacrificios— gana menos que un conductor (de los privilegiados) en el Gobierno. Un oficinista con estudios que no llegan a superiores puede y gana más en la Asamblea Nacional que un arquitecto con cinco años universitarios a cuestas.
Dirán que se debe a la política, pero basta ver los salarios asignados a los obreros de la construcción con oficios especializados: muchos ganan más que los universitarios. Así que ese es nuestro primer problema: una educación que pierde competitividad en el mercado laboral. Y ¿cuál es la solución? Puede haber muchas, pero lo que no hay es voluntad de hacer. Si este tema no es prioritario y encima nos mienten descaradamente, entonces las soluciones jamás llegarán.
Pero eso no es lo peor. El Gobierno —el que se presenta como el más preocupado por la calidad de la educación— tiene planeado reducir el próximo año las asignaciones presupuestarias en la enseñanza superior pública. ¡Vaya preocupación! A la Tecnológica –probablemente la mejor del país– le tumbará en 2026 más de un cuarto de su presupuesto actual: de $198 millones a $144millones.
A la más grande del país, la Universidad de Panamá, le restará el 20% de su presupuesto actual: de $395 millones pasa a $317 millones. Casi el mismo porcentaje se reduciría en la Universidad Marítima: de $23.2 a $18 millones. Udelas perdería un tercio de su presupuesto y la Universidad de los Pueblos Indígenas estaría condenada a casi desaparecer, pues perdería más de la mitad de su raquítico presupuesto actual, quedando en solo $1.5 millones. Solo en mantenimiento, el avión presidencial se gasta más que eso.
Ahora, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), que este año trabaja con un presupuesto que sufrió un recorte del 60% respecto al de 2024,la reducción en 2026 lo dejará en ruinas, pues trabajaría con solo el 28% del presupuesto vigente. En términos sencillos: Si al ITSE le dieran 10 dólares al año y le tumban el 65%, significa que solo recibe 3.5 dólares. Y si un año después le quitan el 72%, solo recibiría 1 dólar. Este instituto costó $200 millones y ha sido elogiado por organismos internacionales por ser modelo de innovación.
Ahora preguntémonos ¿es verdad que al Gobierno le importa la educación? Consideramos reducciones asfixiantes de dinero para universidades estatales; un presupuesto de inversión del Meduca que en lo que va de 2025 no llega al 30%; que la calidad de la educación no se mide y que lo mejor que hace el Gobierno por los estudiantes es darles zapatillas? No sé qué es peor, si la huelga o la estupidez.
