La imagen es devastadora: un niño de ocho años cruza un río caudaloso en una polea improvisada, aferrándose a una cuerda desgastada. No es una escena de película de supervivencia; es el camino diario hacia la escuela para cientos de estudiantes en la comarca Ngäbe-Buglé.
Desde 2018, al menos 20 niños han muerto ahogados intentando llegar a sus aulas: Aniceto Moreno, Aliuska Peñalba, dos menores en el río Jacaque, cuatro niñas este año. Cada nombre representa una silla vacía, una familia destrozada, un futuro arrebatado. Solo en junio de 2024 hubo cuatro tragedias. Y mientras las familias entierran a sus hijos, el Ministerio de Educación (Meduca) insiste en su “prioridad educativa”: comprar laptops sin conocer la realidad de sus escuelas.
La contradicción es profunda. En un país donde el 80% de los cruces escolares carecen de infraestructura segura, donde nueve ríos han sido identificados como zonas de muerte estudiantil, y donde desde hace más de quince años se prometen puentes que nunca llegan, la respuesta gubernamental es invertir en tecnología. Laptops para escuelas sin electricidad, para aulas sin internet, para estudiantes que no saben leer o no comprenden lo que leen.
Esta crisis no es nueva ni sorpresiva. Desde 2018 se denuncian sistemáticamente las muertes de niños en ríos durante su trayecto escolar. En la propuesta “24 para el 24”, presentada por Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE) hace casi dos años, ya se advertía sobre la urgencia de atender esta emergencia nacional.
Más preocupante que la falta de puentes es la ceguera del Estado ante la realidad educativa. El Meduca no tiene datos básicos sobre la situación nacional: no sabe cuáles son las deficiencias escolares tras la pandemia y las huelgas, no ha evaluado qué aprendizajes se perdieron ni qué estrategias funcionaron para recuperarlos. Tampoco tiene cifras precisas sobre deserción escolar ni un plan articulado para retener o reinsertar estudiantes.
Diseñar políticas educativas sin diagnóstico es como operar a ciegas. ¿Cómo priorizar intervenciones si se desconocen las mayores carencias? ¿Cómo medir el éxito si no sabemos de dónde partimos? La decisión de Panamá de retirarse de las pruebas PISA completa este panorama: sin evaluaciones internacionales, eliminamos herramientas de medición comparativa. Sin embargo, nuestros estudiantes deberán competir en un mundo real contra jóvenes de países que sí enfrentan sus deficiencias.
Antes de hablar de laptops, necesitamos un diagnóstico integral de cada escuela: cuántas tienen acometida eléctrica funcional, cuántas cuentan con acceso real a internet —no promesas gubernamentales— y cuántas carecen de servicios básicos como agua potable (más del 30%, según datos disponibles). Necesitamos un plan con cronogramas y presupuestos para llevar servicios esenciales a cada centro educativo. ¿De qué sirve una laptop sin electricidad para cargarla? ¿De qué sirve la tecnología educativa sin conectividad para usarla?
Urge un plan nacional de escuelas seguras que identifique y prevenga riesgos estructurales, rutas de acceso peligrosas y condiciones deficientes de infraestructura. Un plan que priorice las necesidades específicas de cada región, reconociendo que las escuelas urbanas no enfrentan los mismos desafíos que las escuelas comarcales, donde los estudiantes deben cruzar ríos para aprender.
Las autoridades no han presentado respuestas a preguntas fundamentales: ni cronograma para construir los puentes prometidos desde hace años, ni estrategia para garantizar agua potable, ni plan para evitar las muertes vaticinadas desde 2018 y reiteradas en cada propuesta de JUxlaE a los candidatos presidenciales. Solo silencio… y una inversión en laptops que nadie pidió.
La pregunta es simple: ¿de qué Panamá estamos hablando? ¿De qué país, cuando la vida de un estudiante parece valer menos que una computadora? ¿De qué nación, cuando permitimos que niños se ahoguen año tras año mientras funcionarios cortan cintas en eventos oficiales?
No son fatalidades inevitables: son consecuencias de la negligencia institucional. La educación no puede ser mortal. Los estudiantes panameños merecen llegar seguros a sus escuelas, con agua potable, electricidad, alimentación, datos que guíen políticas efectivas, autoridades comprometidas y un Estado que realmente los considere prioridad.
Panamá merece autoridades que entiendan que los puentes salvan vidas. Las laptops, sin una niñez protegida, son tecnología sin propósito.
El autor es integrante de Jóvenes Unidos por la Educación.
