El 11 de octubre de 1968 forma parte de la memoria histórica de Panamá como el momento en que la Guardia Nacional asumió el control de la nación y puso fin al mandato de Arnulfo Arias Madrid, apenas diez días después de haber tomado posesión. El movimiento fue encabezado por el mayor Boris Martínez y, poco después, Omar Torrijos se consolidó como figura central del nuevo régimen.

No hay debate sobre su naturaleza jurídica. No fue un proceso democrático ni una transición constitucional, sino un golpe de Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha documentado lo que siguió: suspensión de derechos individuales, disolución de la Asamblea Nacional, censura de medios, restricción de reuniones y arrestos arbitrarios.

Desde una perspectiva democrática, el método es indefendible. En un sistema institucional los cambios de gobierno se dirimen en las urnas y conforme a la Constitución, no en los cuarteles. Que el gobierno de Torrijos promoviera luego transformaciones sociales y económicas no cambia la naturaleza del hecho que inauguró la era militar.

Esa es, precisamente, la paradoja. Bajo ese régimen se impulsó una política nacionalista centrada en la afirmación de la soberanía sobre el Canal, que culminó el 7 de septiembre de 1977 con la firma de los Tratados Torrijos-Carter. Como resalta el Ministerio de Relaciones Exteriores, aquellos acuerdos marcaron el hito que permitió a Panamá asumir el control del Canal y de la antigua Zona.

Pero los logros políticos no borran las interrogantes democráticas. El proceso revolucionario miró hacia otro lado frente a detenciones arbitrarias, exilios sin justificación y la consolidación de una nueva casta social: la militar. Hay casos que ilustran que se hizo de la vista gorda frente a graves violaciones a los derechos humanos, como el asesinato del sacerdote colombiano Héctor Gallego.

Según lo documentado por la Comisión de la Verdad, Torrijos supo lo ocurrido, no actuó como estadista y permitió que los responsables continuaran en la planilla del Estado. Por extraordinaria que fuera la recuperación del Canal, no limpia esas manchas.

A ello se suma otro legado que persiste: el paternalismo. La consigna de “el que da cariño recibe cariño” tradujo la política social en una relación clientelar, la de un padre que da sin enseñar el valor del sacrificio y de la institucionalidad.

La historia de Arnulfo Arias cierra el círculo de esta paradoja. El líder que en 1968 fue depuesto por los militares había sido, en 1931, uno de los dirigentes de Acción Comunal, el movimiento que derrocó al presidente Florencio Harmodio Arosemena. La violencia que ayudó a normalizar como vía de acceso al poder terminó volviéndose contra él en tres golpes de Estado y dos fraudes electorales.

El 11 de octubre de 1968 demuestra que un hecho ilegítimo puede producir consecuencias históricas de gran calado, y a la vez dejar heridas profundas en la democracia. Por eso no debe estudiarse solo por sus resultados, sino por los métodos empleados para alcanzarlos y por el costo que pagaron quienes lo vivieron.

La autora es estudiante de periodismo de la Universidad de Panamá.