La crisis del agua en la región de Azuero no es un accidente reciente, sino la consecuencia de décadas de abandono y desatención por parte de las autoridades. Es una cadena de omisiones que ha atravesado gobiernos, banderas políticas y discursos de campaña.
Azuero tiene en su memoria colectiva un pasado de lucha, marcado por el Grito de Independencia, pero hoy no se distingue por ser una región de confrontaciones. Por el contrario, hemos demostrado paciencia, una capacidad de adaptación heroica… pero también conformista. Ante la falta de soluciones reales, hemos optado por resolver, no por pelear. No porque no exista indignación, sino porque la experiencia nos ha enseñado que la confrontación rara vez trae cambios. Esa resignación, entendible tras años de abandono, es también una señal de alerta: cuando la costumbre reemplaza a la exigencia y la fiscalización ciudadana, el derecho se convierte en un privilegio condicionado.
El problema es estructural. El sistema de abastecimiento, dependiente del río La Villa, arrastra décadas de falta de mantenimiento y modernización. La contaminación del río y la presión creciente por el aumento de la población han agravado el panorama. A esto se suma una gestión pública que responde más a emergencias que a planificación. Las inversiones, cuando se hacen, suelen llegar tarde y sin la magnitud necesaria para revertir el deterioro acumulado. Producto de esa falta de mantenimiento y estrategia, hoy se gestiona un plan estratégico de emergencias por crisis hídrica, con un costo de 10 millones de dólares hasta diciembre. Pero lo que hacemos no es suficiente.
Mientras tanto, nuestra gente sigue enfermando. Cada día que pasa sin acción efectiva del Gobierno y sin el inicio de este saneamiento es un día más en que herreranos y santeños consumen agua no apta para el consumo humano, exponiéndose a enfermedades gastrointestinales, problemas en la piel y otras afecciones prevenibles. El agua que debería dar vida, en muchas comunidades se ha convertido en un riesgo silencioso que atenta contra la salud y la dignidad.
Chitré, donde alguna vez se concentró gran parte de la actividad económica y administrativa de la región, fue también un punto de encuentro cultural y social. Hoy, esa vitalidad se apaga lentamente, no solo por la crisis del agua, sino por la ausencia de planes claros para reactivar la economía, generar empleo y ofrecer espacios culturales que retengan a su gente y atraigan visitantes.
No hay desarrollo sostenible sin agua segura y suficiente, pero tampoco lo hay sin una visión que impulse a la región hacia adelante. Es imposible proyectar un futuro próspero cuando la población vive pendiente, antes que nada, de si tendrá acceso a agua potable ese día.
Pero la historia de Azuero no es solo la de una crisis crónica; también es la de una ciudadanía resiliente que se ha convertido en su propio gestor. En barrios y comunidades, vecinos se organizan para compartir agua, instalar sistemas de almacenamiento comunitario o coordinar turnos de distribución. Comerciantes ajustan horarios y procesos para adaptarse a la disponibilidad del recurso. Escuelas y centros de salud buscan soluciones temporales para no suspender actividades.
Esa resiliencia, sin embargo, no debe ser romantizada. La capacidad de adaptarse no exime al Estado de su obligación de garantizar el acceso al agua potable, un derecho humano reconocido a nivel internacional y consagrado en la dignidad misma de las personas. No se trata de pedir favores ni de agradecer por cisternas ocasionales; se trata de exigir políticas públicas coherentes, inversiones sostenidas y una gestión transparente.
Sin embargo, esta exclusión se ve agravada por un círculo vicioso que también nace en las urnas. Una parte de la población, cansada y necesitada, sigue optando por elegir a los mismos políticos que, período tras período, administran el abandono. Lo hacen, muchas veces, por familiaridad, por promesas que apelan más al bolsillo inmediato que a un proyecto de futuro, o por pequeños beneficios económicos que distorsionan el juicio y minimizan la exigencia ciudadana.
Frente a este panorama, urge pensar más allá de las respuestas de emergencia. Azuero necesita inversiones sostenidas, pero también creatividad para diversificar su recurso. Algunas alternativas son: aprovechar la captación y almacenamiento de agua de lluvia en comunidades y centros escolares; instalar plantas modulares de tratamiento que puedan reforzar a la potabilizadora existente; y explorar proyectos de reforestación de cuencas para recuperar el caudal del río La Villa. Ninguna de estas medidas sustituye la obligación del Estado de modernizar el sistema, pero sí pueden complementar la solución estructural y dar alivio inmediato a la población.
Azuero, y especialmente Chitré, de donde soy, merece más que sobrevivir con estrategias improvisadas. Merece un sistema de abastecimiento moderno, eficiente y sostenible. Merece que su resiliencia sea reconocida no como una excusa para el abandono, sino como una razón para priorizar las inversiones y la planificación.
La sed no debería ser costumbre. Y que quede claro: mientras el poder siga viendo en esta crisis una oportunidad de clientelismo y no un deber de Estado, seguiremos llenando botellas, enfermándonos y votando por quienes nos condenan a vivir con la sed como herencia.
La autora es abogada.
