El “bien superior del menor” es un principio rector, cuyo paradigma es de naturaleza ética y jurídica, con un estatuto epistemológico que articula derechos humanos y normas protectoras de índole legal, constitucional y convencional.
Su aplicación orienta y regula la actuación y el comportamiento social hacia un contexto permanente de protección y plena vigencia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Debemos ser conscientes de que, en determinadas coyunturas, algunos derechos pueden tener una protección prioritaria frente a otros, sin perder su naturaleza universal, indivisible, incluyente, integral y exigible.
La integridad física, psíquica, emocional, así como la vida, la salud y la seguridad, se consideran derechos de máxima protección en cualquier contexto, por ser condición para garantizar la dignidad, la libertad y la equidad humana.
Velar por el interés superior del menor, en su dimensión ética y jurídica, es un imperativo categórico que obliga a priorizar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en todas las decisiones y políticas sociales que los afecten. Esto no es posible si no se asegura un entorno que garantice su desarrollo físico, emocional, psicológico y cognitivo.
Este principio está reconocido en múltiples instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A nivel interno, se encuentra contemplado en el Título III, capítulo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá y en la Ley 285 de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, entre otras normas.
Sin embargo, estos avances en materia de protección pueden verse debilitados si no se articulan con políticas públicas coherentes con el paradigma que inspira este principio rector. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en un eslogan o en un instrumento de manipulación, que elimina la indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos y simplifica la protección a una consigna emotiva, cuya repetición mediática descalifica otros valores y derechos fundamentales. Como si la salvaguarda de un derecho humano implicara la anulación o destrucción de los demás.
La manipulación se consolida cuando el eslogan se vincula a emociones o amenazas que generan miedo, forzando a las personas a dar respuestas viscerales como aparente solución al conflicto, aceptando su contenido como una verdad incuestionable.
Por esta ruta, en medio del conflicto, se impulsa una narrativa coherente con el proceso de manipulación, descontextualizando los derechos humanos, evadiendo discusiones críticas y complejas, y priorizando el choque entre personas e instituciones. Cuando, en realidad, el conflicto requiere la confrontación de saberes que conduzcan al diálogo y al consenso.
En ese contexto, la pérdida más significativa para nuestros estudiantes no son solo los días de interrupción de clases. Pierden también aprendizajes esenciales para la vida, debido a las graves lecciones que reciben: una sociedad y unas instituciones —públicas y privadas— con destrezas para ofender, descalificar y profundizar conflictos, pero con un profundo déficit de capacidad de diálogo, consenso y reflexión. Especializadas, tristemente, en confrontar personas, no ideas ni conocimientos.
En conclusión, el “bien superior del menor”, principio rector para la aplicación efectiva de los derechos humanos, corre peligro de ser utilizado como instrumento de manipulación en el actual conflicto que vive Panamá. Se distorsiona cuando se reduce a una fijación incoherente sobre el derecho a la educación, como si el aprendizaje efectivo no requiriera también el cumplimiento de otros derechos habilitantes: salud, nutrición, seguridad social, infraestructura escolar, tecnología y un entorno escolar con bienestar.
Apelar al derecho a la educación, en una sociedad cuya estructura institucional permite atropellos a la dignidad humana en defensa de intereses o ideas, corre el riesgo de convertirse en una herramienta de manipulación. Esto tiene un impacto negativo no solo en el aprendizaje, sino —con mayor gravedad— en el deterioro del entorno sociocultural y de la convivencia social, elementos irrenunciables para el desarrollo integral de nuestros estudiantes.
El autor es profesor y especialista en educación.
