Inicio estas líneas expresando mi indignación, no solo por aquel bochornoso suceso en la Asamblea Nacional, donde un diputado del PRD golpeó a su colega de libre postulación en un acto de violencia totalmente injustificable, por el cual deben establecerse sanciones en una próxima reforma al Código de Ética Parlamentaria, sino también por aquel frustrado Acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024, expedido por la Corte Suprema de Justicia, donde se estableció un régimen de jubilaciones especiales abiertamente inmoral e inconstitucional y que, encima, en un comunicado fue justificado con un tono de soberbia.
Actos como estos son consecuencia de una degeneración progresiva que sufren nuestras instituciones públicas, pues tenemos un estatuto constitucional degenerado por haber sido originado en un régimen dictatorial dirigido por los militares, que sirvió únicamente para legitimar un gobierno golpista.
Ese estatuto constitucional le permitió al gobierno militar establecer a sus propios oligarcas, que han sido beneficiados con ese marco legal viciado, degenerado e impuesto, gracias al cual sus patrimonios han aumentado valiéndose de toda clase de artimañas jurídicas para eludir sus responsabilidades. Y todo eso porque la misma estructura gubernamental creada por ese estatuto constitucional fue diseñada de tal manera que estos oligarcas pudieran imponer en el poder a sus títeres de bajos instintos y así estos los ayudaran a enriquecerse a costa del erario.
El presidencialismo exacerbado, donde el presidente de la República tiene poderes de monarca, debe acabarse. Hay que descentralizar la Administración Pública de tal forma que sea el ciudadano el que tome las decisiones. Para eso, hay que reducirle los poderes al presidente de la República y transferírselos a los gobiernos locales. Y hay que crear mecanismos de participación ciudadana de carácter vinculante, para que los gobiernos locales se vean obligados a acatar lo que los ciudadanos, como titulares del Poder Público, decidan mediante esos mecanismos. Creo conveniente que Panamá adopte el federalismo como la única vía idónea para descentralizar la Administración Pública.
El Órgano Legislativo es otra institución que ha sido severamente afectada, porque no tiene una incidencia real en la fiscalización de la Administración Pública. Se ha visto limitado para ejercer el poder legislativo que la población espera, pese a que es una de las instituciones con el presupuesto más alto, que, por cierto, también ha sido utilizado para pagar favores políticos a los donantes de los 71 diputados.
El Órgano Judicial es otro que debe ser reformado en una nueva Constitución. Hay que crear un nuevo mecanismo para elegir a los magistrados y jueces que conforman este órgano de gobierno, para que estos no se vean influenciados por el Ejecutivo y el Legislativo. Además, se deben incluir más requisitos y fortalecer la actualización judicial, a fin de que sean abogados especializados en las diferentes jurisdicciones los que se encarguen de administrar justicia.
En ese sentido, mediante un proceso constituyente originario, Panamá necesita crear una nueva Constitución que haga partícipe a las comunidades en la toma de decisiones del Gobierno. Y el instituto idóneo para poder dotar a Panamá de esa nueva Constitución es una Asamblea Constituyente, donde participen todos los ciudadanos sin excepción, para que refleje la voluntad y la idiosincrasia de toda la población panameña, como titular del Poder Público y, en consecuencia, del poder constituyente originario.
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