Este no es un tema nuevo para mí, pues tengo más de 20 años de estar ventilando el mismo, pero sin haber encontrado nivel de acción por parte de las autoridades competentes. Varios ministros, e inclusive un presidente lo encontró atractivo, pero sin mayores consecuencias. Recuerdo claramente que había sido invitado por Apede a una de sus reuniones regulares para exponerle el tema, y hubo variados intercambios con los asistentes reflejando interés, hasta que un excontralor (q.e.p.d.) gritó en voz viva: “El hecho de que me cambien la fecha de pago, no aumenta el monto de mi jubilación”. Esta expresión fue seguida de un silencio sepulcral en la sala y se levantó la reunión.
Esperemos que ahora que ha resucitado el tema con el asunto de las propuestas de reformas a las leyes educativas, pretendiendo cambiar el periodo escolar para aprovechar los meses de verano y tener los planteles listos para el beneficio de los estudiantes, no pudiera estar más de acuerdo, pero debemos aprovechar la ocasión para hacerlo extensivo a toda la República. Un año fiscal distinto al año calendario traería grandes beneficios, por lo que pudiéramos pensar en uno que empiece el 1 de octubre de cada año y termine el 30 de septiembre, igual al que tiene la Autoridad del Canal, aunque otra alternativa viable pudiera ser del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, que coincidiría cada 5 años con la toma de posesión del nuevo mandatario, quien recibiría un presupuesto completo al inicio de su gestión.
Pasemos a enumerar algunas de las instituciones beneficiadas en su administración presupuestaria: ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Educación, además de todas esas entidades autónomas como la Caja de Seguro Social e Idaan, que incluyen en sus presupuestos considerables sumas para realizar obras civiles. Reforzando los argumentos, beneficiando al Ministerio de Educación, qué óptimo sería que el periodo de reparaciones y adecuaciones de las escuelas coincidiera con las vacaciones escolares, para que cuando retornaran a clases estuvieran las aulas listas y equipadas, y claro está, que todos los maestros y profesores estén nombrados en propiedad en sus respectivos puestos. ¿No creen ustedes que esta medida contribuiría a mejorar la calidad de la educación?
No podemos dejar de mencionar los beneficios que pudieran redundar en mejorar las finanzas públicas. El Estado recibe sus mayores recaudaciones de la actividad económica que se genera en el último trimestre calendario de cada año. La tendencia optimista siempre ha sido pensar que van a ingresar mayores recursos de los que en realidad se producen, obligando a realizar malabarismos para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal o simplemente dejando de pagar obligaciones y trasladándolas hacia la vigencia del próximo año. Es lógico pensar, como lo haría un buen padre de familia, que es necesario conocer de primera mano lo que va a ingresar y luego gastar en función de lo que se tiene. Nuestros gobernantes están acostumbrados a gastar más de lo que ingresa y a financiar ese déficit con deuda, que continúa comprometiendo el futuro financiero de la república, tal como lo están prediciendo las agencias calificadoras de riesgo. Esta situación cambiaría si el Estado recibe la mayor parte de sus recaudaciones al inicio del año fiscal y así puede planificar sus compromisos financieros desde una base confiable. Los aportes presupuestados o extraordinarios que realiza la Autoridad del Canal se dan durante el último trimestre del año calendario, por lo que, con el cambio del período fiscal, se recibirían durante el primer trimestre.
El cambio de periodo fiscal para la República traería beneficios cuantificables mediante ahorros y otros que, aunque no se les asignen valores económicos, mejorarían la calidad de vida, como sería en la educación, los ahorros en las obras de infraestructura y un mejoramiento general en la administración pública de todos los recursos aportados por los panameños a través del pago de impuestos. Los burócratas pensarán que esta acción por sí sola no contribuye a solucionar los problemas integrales del Estado y que abogan por una reforma o transformación integral para alcanzar la administración pública que todos aspiramos. Respetuosamente discrepo de esta forma mezquina de pensar, pues el cambio de periodo fiscal es una medida sencilla y fácil de implementar, que puede redundar en beneficios económicos sin ser la solución integral. Claro está que mientras no se detenga y erradique el flagelo de la corrupción, que cada día se hace más palpable en este y los gobiernos pasados, no hay ni habrá recursos o reformas que valgan.
Resumiendo: si el Estado introdujera este cambio en la administración presupuestaria, así como muchas otras medidas —tal como una verdadera contención del gasto, el manejo responsable del déficit fiscal y el endeudamiento— con el pasar del tiempo, la sumatoria de todas ellas reflejaría los ahorros y demás cambios positivos que redundarían en beneficio de todos.
El autor es ciudadano.
