Hace más de tres décadas, Panamá vivió una experiencia de adhesión a una organización internacional: la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Panamá que se enfrentó a esa experiencia dista mucho del Panamá de hoy. Aunque estamos más preparados en muchos sentidos, los requisitos siempre presentan un reto para el país. Cuando se solicita ingresar a una organización de este tipo, debe alinearse con sus normas, lo que implica reformas legales e institucionales significativas.
El éxito del proceso depende en gran medida de la calidad técnica de los negociadores, su conocimiento de los temas y su capacidad para comunicar las realidades nacionales, así como de una evaluación previa de los costos y beneficios de los cambios requeridos.
El proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es similar al de la OMC, pero con compromisos más profundos. Entre ellos, incluye una evaluación técnica y política rigurosa por parte de entre 23 y 26 comités especializados, que examinan si el país cumple con los estándares de la organización. Entre los comités más relevantes para Panamá están los de Inversiones, Política Fiscal, Gobernanza Pública, Conducta Empresarial Responsable, Comercio, Educación y Salud.
Los condicionamientos comunes incluyen la alineación normativa con los instrumentos jurídicos de la OCDE, reformas estructurales en transparencia fiscal y lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, compromisos internacionales en derechos humanos y medio ambiente, apertura de mercados y mejoras en la calidad estadística. El país debe presentar un memorándum inicial, que es evaluado por cada comité, tal como ocurrió en el proceso de adhesión a la OMC, donde Panamá tardó ocho meses en prepararlo.
Posteriormente, se realizan revisiones técnicas que pueden durar años y culminan en recomendaciones específicas. En el caso de la OMC, por ejemplo, el proceso completo tomó poco más de cuatro años.
Uno de los temas que más interrogantes genera es el fiscal. Aunque no es obligatorio adoptar un régimen de renta mundial para ingresar a la OCDE, sí se exige cumplir con principios fiscales clave, independientemente del modelo adoptado. A Costa Rica, por ejemplo, no se le exigió el impuesto universal.
En resumen, la adhesión a la OCDE implicaría para Panamá una alineación con prácticas institucionales que promueven el desarrollo humano, la libertad y la justicia. El éxito dependerá de un acuerdo de país, ya que probablemente abarcará varias administraciones, como sucedió con la OMC con dos administraciones de signo contrario, y de una estrategia de negociación bien fundamentada y del entendimiento claro de hasta dónde puede llegar el país en sus compromisos.
El autor es abogado.
