El modo en que una sociedad se estructura tiene profundas consecuencias para las vidas de sus miembros y la arquitectura de las oportunidades que estos tendrán. Determina no solo sus condiciones materiales de vida, sino también su bienestar, sus relaciones y sus perspectivas de futuro. La estructura de la sociedad está determinada, a su vez, por instituciones como sus sistemas político y jurídico-legal, la economía y la forma en que se organiza la vida de las familias y las comunidades locales. Todas las sociedades democráticas optan por decidir de forma colectiva cómo debe funcionar.
Las normas y reglas que gobiernan el funcionamiento de esas instituciones comunes son lo que podríamos llamar el «contrato social», que es el factor determinante más importante del tipo de vida que vivimos. Dada su importancia y que la mayoría de las personas no pueden salir huyendo fácilmente de Panamá, el contrato social requiere del consentimiento de la mayoría y de una periódica renegociación según vayan cambiando las circunstancias. No hay una solución definitiva para la plata de las jubilaciones porque nadie sabe cuántos años vivirá un obrero, un trabajador manual o un conductor de metrobús, ni qué estado de salud tendrá el panameño al sobrevivir a la corrupción en Panamá.
Con un poco de suerte en Panamá, todos nos haremos viejos. Suerte porque la cruda realidad de la desigualdad en el país refleja que, cuanto más pobres son las personas, más jóvenes tienden a morir. Los pocos que lleguen a la vejez en el istmo se enfrentarán a dos grandes dificultades: la de contar con un sustento económico suficiente cuando ya no puedan trabajar, y la de recibir los cuidados necesarios cuando ya no puedan ser plenamente autónomos.
La mayoría de las sociedades prevén procurar un mínimo nivel de ingresos a quienes no pueden trabajar o cuidar de sí mismos para que puedan seguir llevando una vida digna durante la vejez. Estas sociedades toman decisiones sobre la cantidad de jubilación a la que tienen derecho sus individuos a través de decisiones democráticas, concretamente cuando se establece la edad a partir de la que las personas tienen derecho a percibir pensiones.
En la Atenas clásica, cuna de la democracia, los expertos tenían su lugar, pero solo en la medida en que su opinión sobre una cuestión determinada podía iluminar al pueblo de la Asamblea y ayudarle a tomar decisiones colectivas. Los expertos eran escuchados por los ciudadanos, pero no tomaban decisiones. En otras palabras, en democracia, «no hay expertos en política». La idea dominante de que hay expertos sirve para legitimar el poder de los políticos y reducir al pueblo, inexperto por definición, a opinar de vez en cuando, cada tantos años, sobre esos supuestos expertos. Los atenienses se cuidaban de no reconocer a estos expertos superioridad política sobre la Asamblea del pueblo. Debemos atenernos a este principio: cualquier pretensión de pericia sobre jubilaciones es una farsa, y esto también se aplica a los “actuarios-economistas” en la televisión que se presentan como meros «técnicos» ante los problemas sensibles del país.
La actual imposición del nuevo contrato social de la vejez desconoce que en el 2005 habíamos acordado que las concesionarias de fibra óptica debían pagar impuestos para financiar la vejez, pero la debilidad institucional del establishment político lo impidió, y lo sigue impidiendo. Ahora, la plata que nunca cobramos por la concesión de fibra óptica se paga con aumento de edad de jubilación.
El nuevo contrato social panameño en la vejez está siendo impuesto de manera contramayoritaria, poniendo en peligro nuestra democracia por una dictadura de la minoría. Han olvidado que, cuanto mayor sea el grupo de personas que aportan recursos a un sistema de pensiones, más se reparten los riesgos y más eficiente y sostenible es. Esperemos que no se esté imponiendo un contrato social para la indigencia en la vejez.
El autor es cirujano sub especialista.
